La adjudicación «irregular» de plazas concertadas de accesibilidad social en residencias de mayores que la Generalitat ha realizado en los últimos diez años ha dejado por el camino hasta una decena de empresas del sector, ya sea por haber tenido que cerrar, estar en concurso de acreedores o haber tenido que transformarse.
Éste es el cálculo somero que ayer realizaban desde la patronal del sector Aerte, que reclama desde hace tiempo poner orden en el sector ante la sospecha, ahora confirmada por una sentencia del TSJ, que una interpretación viciada del contrato que suscribió en su día el exconseller Rafael Blasco -hoy en la cárcel- con un grupo de empresas estaba provocando la concentración de las plazas concertadas para estas firmas dejando al resto fuera del negocio. Entre ellas, y como se encargó ayer de recordar la vicepresidenta Mónica Oltra, están empresas «amigas» de las anteriores dirigentes del PP y una de ella, Sedesa que participa en el grupo Savia, vinculada a «familiares de Juan Cotino».
El reciente fallo del TSJ reconocía que la interpretación que se aplicaba del primer contrato era «contraria a derecho» y las adjudicaciones de plazas que se han realizado hasta ahora son irregulares.
La solución tras conocerse el fallo no es fácil ya que, según explicó Oltra, a los mayores que ya tienen su plaza «no se les puede sacar, no van ellos a pagar el pato», aseguró, pero desde Aerte sí se exige a la Administración que se empiece a aplicar «desde ya» el fallo judicial y no se resuelva ninguna otra ampliación de plazas sin un concurso de todas las empresas en libre concurrencia. Oltra no especificó tiempos de aplicación pero avanzó que estaban trabajando en cómo sacar en libre concurrencia y en condiciones de «igualdad» las próximas adjudicaciones y en garantizar el interés de las personas mayores ya que hasta ahora y con el modelo Blasco-Cotino «no se pensaba en los usuarios sino en los intereses empresariales de las empresas amigas». En este sentido, la vicepresidenta avanzó que trabajan en una normativa en la que ninguna empresa pueda tener «tanta cuota de adjudicación para que se convierta en una empresa sistémica. Quien debe tener el control del sector es la conselleria». Ahora bien, la Generalitat debía mantener la ocupación del primer tercio de las plazas pactadas, como reza el contrato, y ahí están «atados».
Mientras en la conselleria buscan una solución, desde la patronal Aerte tienen trazado un plan para que esta igualdad de condiciones sea «real». Su director general, José María Toro, incidía ayer en que la igualdad no solo llegará eliminando los procedimientos negociados sin publicidad sino dándole la vuelta al sistema para que el dependiente sea el que realmente decida dónde quiera ir «en igualdad de condiciones y no como ahora». Toro resaltó que, hoy por hoy, las resoluciones para optar a una ayuda de prestaciones vinculadas al servicio (PVS) para optar por una plaza en una residencia no concertada «están tardando del orden de dos a tres años mientras en uno te resuelven la adjudicación en una de las plazas concertadas».
