El PP demandará a Rafael Blasco y al resto de los corruptos por dañar la imagen del partido

Bonig admite fallos en los órganos de control y propone crear un departamento de «asuntos internos»

29.01.2016 | 04:47

Cuarenta y ocho horas después de que estallara la operación Taula, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, compareció ante los medios de comunicación para poner encima de la mesa dos medidas de nuevo cuño para combatir la corrupción. Los anuncios de la lideresa del PP –demandar civilmente a los corruptos y crear una especie de «asuntos internos» dentro del partido– responden a la necesidad imperiosa que tiene la organización valenciana de marcar distancias con los escándalos judiciales, en particular, con la macroredada del pasado martes que se ha saldado con la detención de destacados dirigentes del PP, entre ellos, quien fue el presidente provincial de Valencia, Alfonso Rus.

El escándalo ha supuesto un mazazo para el nuevo PP de Bonig y arruina sus esfuerzos para pasar página de una etapa negra y convertirse en referente de la oposición al tripartito que dirige la Generalitat.

Como informó ayer este diario, se ha tomado la decisión de que la mano dura contra los presuntos corruptos vaya más allá de las llamadas «líneas rojas» de Fabra. El partido, según confirmó ayer Bonig, pedirá el acta a los afectados por la «operación Taula» si se confirma su imputación. El caso más claro es el todavía portavoz del PP en Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, a quien el partido le pedirá la dimisión si, cuando declare ante el juez, se mantiene su condición de investigado (imputado, antes de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal). La misma contundencia, defendió Bonig, adoptará contra el diputado nacional Gerardo Camps y la senadora territorial Rita Barberá, si, como aseguran fuentes de la investigación, resultan imputados. Mientras tanto, justifican en el partido, hay que defender su presunción de inocencia.

Con todo, los populares valencianos son conscientes de que poner tierra de por medio con los machados por la corrupción no es suficiente. El reproche de que la retirada del carné o la petición de dimisiones son a toro pasado y la pregunta de por qué no se actuó antes es una de las reflexiones que estos días se han hecho los actuales dirigentes. Necesitaban un golpe de efecto, ir más allá.

Bonig anunció la decisión del PP regional de actuar civilmente contra aquellos cargos o militantes del PP con condena firme por corrupción. Se empezará por el exconseller de Cooperación y exsíndic popular en las Cortes, Rafael Blasco, actualmente en prisión por el caso Cooperación tras una sentencia firme dictada en junio del año pasado. La demanda se basará en el artículo 1.902 del Código Civil y se sustentará en los daños y perjuicios a la imagen del partido causado por estos escándalos. A preguntas de los periodistas, Bonig indicó que se había analizado también actuar contra el exalcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, también condenado por corrupción, aunque se había descartado por prescripción del plazo.

La otra gran medida, que según especificó Bonig ha consultado con los barones provinciales y con la dirección nacional, tiene que ver con al prevención y la asunción de que los controles han fallado. Así, el PP regional propondrá en el próximo Congreso Nacional del PP ampliar las competencias del actual Comité de Derechos y Garantías para asignarle labores de inspección. Algo así, como un departamento de «asuntos internos» dedicado a realizar auditorías y vigilar la organización y sus dirigentes y a investigara posibles casos de corrupción, ya se de oficio o por denuncias internas.

La propuesta anunciada por la lideresa popular, aún en mantillas, incluiría «profesionalizar» este órgano para que esta labor no estuviera en manos de cargos del PP, sino de «independientes». Incluso, se sopesa como opción externalizar el servicio. Bonig proclamó que había querido dar un paso más porque tanto ella como los militantes estaban «hartos» de los escándalos del PP. «Sentimos bochorno y rabia», indicó Bonig.

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