Los siete primeros detenidos en la «Operación Taula» que comparecieron ayer ante el juez quedaron anoche en libertad, con cargos, al cierre de esta edición, según informan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

Se trata del ex diputado y ex secretario autonómico de Deportes, David Serra; el ex gerente de la Fundación Jaume II El Just y ex marido de Maria José Alcón, Vicente Burgos, la secretaria del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, María del Carmen García Fuster; el ex asesor de Alcón, Pedro Aracil; los dos arquitectos de Imelsa, Joan Vergara y Elena Bosque, y el empresario y ex suegro de Marcos Benavent, Mariano López.

Aunque todos quedaron en libertad, a estos siete primeros detenidos y liberados se les imputan los delitos de cohecho, malversación, blanqueo y tráfico influencias. Serra, García Fuster, Burgos y López deberán depositar una fianza en el juzgado, para garantizar la posible responsabilidad civil en el caso de que se produjera una posible condena. Maria José Alcón, que fue puesta en libertad el martes por la noche, también deberá pagar una fianza de 150.000 euros.

Sobre la libertad decretada para la secretaria del grupo municipal del PP en Valencia,García Fuster, se produjo una ligera discrepancia entre el Fiscal Anticorrupción, que solicitó prisión provisional para la considerada como álter ego de Rita Barberá, y el magistrado, que finalmente decidió dejarla en libertad.

Los imputados recibieron con parquedad a los numerosos periodistas congregados en el exterior de la Ciutat de la Justícia, tras una larga espera que, para algunos, se prolongaba desde las siete de la mañana.

El ex secretario autonómico, David Serra, explicó a preguntas de los periodistas que había quedado en libertad «sin ninguna medida cautelar», mientras se metía en un taxi junto a su mujer, que le esperaba en la puerta. El exgerente de la Fundació Jaume II El Just, Vicente Burgos, abandonó la sede judicial poco antes de las 21 horas y sólo explicó que se había limitado a declarar durante «dos minutos» y había quedado en libertad con cargos, según informó Europa Press.

Todos ellos habían pasado a lo largo del día por la Comandancia de la Guardia Civil en Patraix, a donde también acudieron algunos de los «investigados» que no fueron detenidos, como el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, o el asesor municipal Luis Salom.

Tanto Novo como Salom sí que atendieron brevemente a los periodistas, aunque declinaron entrar en detalle sobre el contenido del interrogatorio por el secreto del sumario del «Caso Rus». El portavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia lamentó no saber de qué se le acusa exactamente debido al secreto de la causa. «No sabemos de qué va. Cuando sepa de qué se me acusa, quiero hablarlo con mis compañeros de grupo y tomar la decisión conjuntamente; la más acertada para que el grupo y el partido funcionen de la forma más correcta y más tranquila posible», agregó.

Salom detalló que había respondido a todas las preguntas que le formuló la Guardia Civil en el interrogatorio porque «estoy muy tranquilo».

Al cierre de esta edición, tras una pausa para cenar, el titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, Víctor Gómez, continuaba tomando declaración a seis de los empresarios imputados, uno de ellos, el constructor castellonense Carlos Vicente Gil.