Los detenidos e investigados (imputados antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por el "caso Imelsa", la trama de corrupción infiltrada en las administraciones públicas de la Comunitat Valenciana y que afecta a exdirigentes del PP, empezarán esta tarde a prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia.
Por cuestiones de organización, la sede judicial comenzará interrogando a las 23 personas que permanecen detenidas. Los arrestados empezarán a pasar a disposición judicial esta tarde a medida que los agentes de la UCO de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción concluyan las diligencias que están practicando.
El juzgado no dispone de una previsión sobre el calendario para los interrogatorios de las cinco personas investigadas (imputadas) que no fueron arrestadas ayer. Entre ellas se encuentra el concejal del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Novo, y una trabajadora del grupo municipal del PP en el consistorio valenciano. Ambos están citados por figurar como autorizados para disponer de las cuentas del partido. ?
La primera en prestar declaración ante el juez fue la exconcejala Mª José Alcón, quien anoche quedó en libertad bajo fianza de 150.000 euros y con sus bienes embargados como medida cautelar. La exregidora sigue como investigada (imputada) en la causa abierta por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales.
La declaración de Alcón, exasesora de Rita Barberá en la Alcaldía de Valencia y esposa del exvicealcalde Alfonso Grau, procesado en el caso Nóos, comenzó sobre las 22.30 horas del martes y duró unos 90 minutos. La exconcejala abandonó la sede judicial junto a su letrado (en el vehículo de éste) sin hacer declaraciones y después de pagar la fianza de 150.000 euros.
Más de 30 registros
El juzgado ha abierto una causa por prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales, que ayer martes llevó a la detención de 24 personas, la imputación de otras cinco y el registro en 14 domicilios particulares y 19 sedes sociales que afectan a la Generalitat, la Diputación de Valencia y varios ayuntamientos.
Según la investigación sobre la empresa pública Imelsa, dependiente de la Diputación de Valencia, los integrantes de la trama de corrupción se servía, supuestamente, de sus puestos de responsabilidad en las entidades públicas para percibir comisiones ilegales a cambio de adjudicaciones fraudulentas.
Entre las veinticuatro personas detenidas hay nueve relacionadas directamente con la política „cargos o excargos del PP en distintas Administraciones de la Comunidad Valenciana„, doce empresarios, dos arquitectos y un exempleado del Ayuntamiento de Valencia, actual asesor del PP.
Entre ellos figuran el expresidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial Alfonso Rus; el exalcalde de Moncada Juan José Medina; el ex secretario autonómico de Educación y exvicepresidente de la Diputación Máximo Caturla; el ex secretario autonómico de Deporte y exdiputado del PP David Serra; y la exconcejala del PP María José Alcón, la única que hasta ahora ha pasado a disposición judicial.
