Los tentáculos de la trama corrupta de presunto cobro de comisiones por adjudicaciones fraudulentas ligada a la empresa Imelsa de la Diputación de Valencia también se extienden a la provincia de Alicante. De las 33 entradas y registros llevados ayer a cabo por agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tres se practicaron en la ciudad de Alicante, Dénia y Muro de Alcoy, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
En el primer caso, el registro se llevó a cabo en una vivienda adosada situada detrás del Hospital de Sant Joan, en la que estaba radicada la sede social de una empresa consultora. El propietario de la asesoría, que estuvo presente durante la intervención de la UCO y cuya identidad no ha trascendido por el momento, ha sido citado como investigado (término que sustituye al de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para declarar en los próximos días en el juzgado número 18 de Valencia que instruye la causa. Este empresario no figura entre los 24 detenidos ayer en el marco de la operación. Los agentes se incautaron del disco duro del ordenador de su empresa y de diversa documentación hallada en la vivienda.
En el caso de Muro, el registro afectó a la sede de la empresa textil Doménech Hermanos. La firma en cuestión está especializada en la fabricación de fieltro agujado técnico y césped artificial para deportes y paisajismo. Precisamente, informaciones periodísticas han venido relacionando en los últimos tiempos a esta empresa con el plan de inversiones en instalaciones deportivas llevada a cabo por la empresa pública Imelsa en Valencia.
Según dichas informaciones, uno de los dueños de la sede del PP, el empresario Vicente Cuquerella, pese a no tener experiencia previa en la fabricación de césped artificial, consiguió que varios adjudicatarios eligieran sus productos para obtener así importantes beneficios. Cucarella, señalan las citadas fuentes, habría vendido los filamentos de césped a través de la empresa Hermanos Doménech. El empresario también habría recurrido a otros proveedores. El plan de Imelsa, desarollado entre 2008 y 2014, dedicó 32 millones de euros a reformar más de un centenar de instalaciones deportivas.
En el registro de Dénia, el TSJCV no especificó si fue en una empresa o en un domicilio particular.
