La redada policial que ayer acabó con una veintena de detenidos, la mayoría vinculados al PP y entre los que destaca el expresidente de la diputación Alfonso Rus, se inició precisamente en la institución que presidía el también exalcalde de Xàtiva hace año y medio.
Fue a raíz de las pesquisas de la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, que llevó los indicios de que disponía a la Fiscalía Anticorrupción. Pérez recordó ayer que aportó la información en septiembre de 2014 sobre las relaciones de la trama con empresas en el extranjero. Según dijo se trataba de pruebas contundentes. La diputada, que compareció ayer tras el pleno de la diputación y de nuevo por la tarde, aseguró que ha quedado demostrado que la trama no se circunscribía únicamente a la empresa pública Imelsa o a la diputación, sino que era la punta del iceberg de un caso de mayor extensión, incluso por encima de Gürtel, señaló.
EUPV presentó la denuncia en julio de 2014 y la formación realizó después anexos con nueva documentación y averiguaciones entre las que destacan relaciones con directivos de la CAM o la existencia de una rama internacional de la trama ya que algunas empresas investigadas estaban enlazadas con compañías de otros países. Pérez aseguró que en algún sitio tiene que estar ese dinero y prefirió no dar más información para no entorpecer la investigación.
«Se demuestra que era cierto»
La diputada denunciante ha tenido que afrontar hasta cinco querellas por injurias y calumnias desde que presentó la denuncia y ayer recordó cómo en un pleno Rus la amenazó por llamarle corrupto. Ayer aseguró que en absoluto se trata de un caso en el PP. «Hoy se demuestra que era cierto», señaló.
Pérez criticó que los dirigentes del PP no destituyeran como asesores en la corporación a los ahora detenidos y exalcaldes de Genovés y Moncada, Emilio Llopis y Juan José Medina cesaron en su cargo ayer mismo pese a que era notorio que se trataba de un caso a punto de estallar.
Además, la diputada provincial añadió que es «muy difícil de creer» que la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, estuviera al margen. De hecho, dejó entrever que si la exalcaldesa no ha sido detenida puede ser por su condición de aforada. Pérez compareció acompañada del primer teniente de alcalde de Xàtiva, Miquel Lorente, y dijo que desconoce el alcance final de la operación.
Las reacciones no se hicieron esperar. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, dijo que el Estado de derecho funciona y el presidente del PP de Castellón, Javier Moliner, admitió sentir «vergüenza y desprecio por los que ensucian tanto trabajo honrado de gente del PP», según recogió la agencia Efe. Por su parte, la portavoz de Ciudadanos, Carolina Punset, denunció la corrupción de «la mafia calabresa del PP». Punset exigió que el PP «pida disculpas y devuelva el dinero robado a los valencianos» e insistió en que es «lo más parecido a una mafia calabresa».
