«Tenemos la razón y cuando uno está convencido hay que acudir a los tribunales; somos un Gobierno optimista y esperanzado». Así se mostró ayer la vicepresidenta del Gobierno valenciano, tras la decisión del pleno del Consell de autorizar a la Abogacía de la Generalitat la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra los Presupuestos Generales del Estado para 2016.
El recurso, que se presentará la próxima semana, se basa en la supuesta vulneración de artículos de la Constitución y de la Lofca (Ley Orgánica de Financiación de las comunidades), así como el artículo 67 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
La vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, fue ayer algo más allá, al asegurar que la Generalitat sólo prevé retirar el recurso si el próximo Gobierno central mejora la financiación de la Comunidad, hasta alcanzar unos niveles «más justos». «El recurso seguirá su curso, hasta que haga falta», explicó la dirigente de Compromís, quien matizó la postura del Consell: «En el caso de que dentro de seis meses se tuviera un sistema de financiación justo y se modificaran los topes de déficit de las autonomías con un reparto más equilibrado, habrá una carencia sobrevenida al objeto del recurso». Sólo entonces, el Consell se plantearía retirar el recurso ante el Tribunal Constitucional. La jurisprudencia existente hasta la fecha no resulta favorable para los intereses de Puig, ya que el Alto Tribunal siempre ha dado la razón al Ejecutivo central en los recursos presentados por otras autonomías. Ahora le toca a la Comunidad Valenciana.
