La bola de facturas pendientes de pago que arrastra la Generalitat engordó durante los primeros meses del nuevo Consell, tanto que a 30 de noviembre y en espera del manguerazo del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) la deuda no financiera de la Generalitat (toda menos la de los bancos) se situó en más de 3.000 millones de euros, medio millón más que seis meses atrás. De esta cantidad, 2.238 millones es deuda comercial pura y dura. El peor registro desde 2014. Una cifra en todo caso insoportable que hizo que la morosidad volviera a rozar los 90 días, el triple de lo permitido por la ley. Así lo refleja el último informe sobre el Periodo Medio a Proveedores difundido por el Gobierno en funciones, que sitúa a la valenciana en el quinto puesto en el club de las comunidades más morosas.

La foto tomada hace dos meses mejorará con el FLA inyectado en diciembre por el Gobierno, pero el informe de Hacienda certifica una realidad incontestable: la dependencia absoluta de los fondos del rescate para que los impagos en la Generalitat no alcancen la categoría de lo dramático.

El informe de Hacienda revela un nuevo incumplimiento del Consell respecto a la ley de estabilidad presupuestaria que establece un plazo máximo legal de 30 días para atender los pagos. A 30 de noviembre se tardaba 87, seis días más que el mes anterior.

El problema es que la C. Valenciana lleva incumpliendo desde marzo, por lo sigue en alerta roja y bajo la espada de Damocles del ministerio. Hacienda lo recuerda en su informe y subraya que Valencia junto con Extremadura y Aragón mantendrán los efectos de la comunicación de alerta». Dicho de otro modo, el Consell no se zafa de la amenaza del ministerio que podría aplicar las sanciones previstas en la ley para las comunidades que incumplen de forma reiterada. Las medidas incluyen desde la intervención de las cuentas hasta la retención de parte de los ingresos derivados de la financiación autonómica.