El Ejecutivo que preside Ximo Puig sorteó ayer un obstáculo importante para cumplir con su anuncio de llevar a los tribunales al Gobierno central para forzarle a mejorar el modelo de financiación autonómica. De momento, tiene el aval del Consell Jurídic Consultiu (CJC). El pleno del organismo, que preside Vicente Garrido, se reunió por la mañana para examinar jurídicamente el recurso elaborado por la Generalitat contra la ley de presupuestos del Estado de 2016 y, según las fuentes consultadas, el dictamen ha sido positivo y sin ningún voto en contra.

Presidencia de la Generalitat, que lleva este asunto con el máximo sigilo, no había informado públicamente de que había remitido el recurso al CJC. El trámite era obligatorio, ya que en caso de recursos al Tribunal Constitucional, es preceptivo consultar al organismo consultivo. Si el Jurídico hubiera vetado el recurso, habría supuesto un varapalo para el Ejecutivo que dirige Puig, decidido a hacer bandera de este asunto. Ir a los tribunales es, sobre todo, un gesto político, ya que además de que el Tribunal Constitucional puede tardar años en pronunciarse, es muy complicado, dada la jurisprudencia existente, que acabe dando la razón al Consell.

Con el informe favorable, el siguiente paso lógico es formalizar el recurso. Aunque el presidente Ximo Puig siempre ha hablado en numerosas ocasiones de ir a los tribunales para denunciar el maltrato financiero, técnicamente había que explorar la vía jurídica adecuada para dar este paso. De ahí que encargó a la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo un informe sobre las posibles vías. Finalmente, según ha sabido este diario, el recurso contra la ley de presupuestos del Estado, la última del mandato de Mariano Rajoy, se dirige, en concreto, al reparto de las inversiones del Estado. Una distribución que el Ejecutivo entiende que ha perjudicado a la Comunidad Valenciana que, además, arrastra un déficit de financiación fruto del modelo.

Así pues, el Consell está cuestionando con su recurso la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), que sin embargo no puede recurrirse al tratarse de una norma que lleva en vigor varios años. Es por esto que el recurso se dirige a la ley de presupuestos a través de la cual se reparten los fondos con los que los territorios se financian. En concreto, el documento que presentará el ejecutivo de Ximo Puig se centra en los artículos 103, 104 y 105 de la ley, en los que se establecen los criterios para repartir los diferentes fondos y se delimita cómo se liquidan los recursos dels sistema de financiación, así como la participación en los fondos de convergencia y compensación interterritorial. El argumento jurídico sería pues que los cálculos están basados en un modelo que ha quedado desfasado y debería haberse revisado hace años. El Consell tratará de demostrar ante el Constitucional que la Comunidad sale perjudicada por no aplicarse bien el modelo actual de financiación y por no haberse revisado cuando tocaba.

Prioridad en la agenda

El informe del Jurídico supone un espaldarazo para el presidente Ximo Puig, quien está empeñado en que el asunto de la financiación autonómica siga en la agenda política al margen de la incertidumbre abierta en España tras las elecciones generales del pasado 20 de diciembre.

Como adelantó ayer este diario, de momento, el PSOE ha aceptado presentar en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para exigir al Gobierno en funciones o al que salga de las urnas que empiecen ya las negociaciones para cambiar el modelo de financiación. La propuesta fija como objetivo corregir las desigualdades financieras entre comunidades autónomas.