La dirección general de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea ha remitido al embajador de España ante la UE una nueva notificación en la que apremia al pago de la multa impuesta al Reino de España por la ocultación de facturas sanitarias que realizó la Generalitat bajo gobiernos del PP. El pasado 13 de junio de 2015, el Consejo de la UE adoptó la decisión por la que imponía una sanción de 18,9 millones de euros a España por «negligencia grave» tras detectar la manipulación de los datos de déficit público a través de una investigación relativa a las estadísticas españolas.
Ahora, la Comisión Europea emplaza al embajador a transmitir al Gobierno el documento y a proceder al pago de los 18,9 millones. Incluso le envía ya la cuenta a la que tiene que hacer la transferencia y le pone un plazo de 45 días para abonar la multa. También le advierte que en caso de impago serán aplicables los intereses de demora una vez transcurrido el plazo. Además, se podrá abrir un procedimiento de compensación de ayudas de los organismos europeos.
Repercutir la deuda al Consell
El Gobierno de España inició el procedimiento para repercutir la deuda a la Generalitat, notificación que el Consell recibió el pasado 11 de septiembre.El Consell tenía 15 días para presentar un recurso y el conseller de Hacienda, Vicent Soler, lo hizo efectivo ante el ministerio el 1 de octubre. Fuentes del Consell aseguran que desde entonces no han recibido comunicación alguna. Con todo, el pasado diciembre, la Generalitat culpó al ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, de responsabilidad «por omisión» en la manipulación del déficit en materia sanitaria realizada por el anterior Consell del PP entre 2008 y 2012. Esa es la causa por la que la UE impuso la multa. El origen del caso fue una irregularidad detectada por el propio ejecutivo central -y notificada a la UE- cuando el Consell tuvo que aflorar todas sus facturas para poder acogerse al Plan de pago a Proveedores en 2012.
Hacienda inició el pasado 15 de septiembre un procedimiento de determinación y repercusión de responsabilidades contra el Consell, requiriendo al gobierno autonómico el pago íntegro de la sanción económica en dos meses.
