«En la Diputación, el único que toma decisiones [en Ciudadanos], para bien o para mal, es Fernando Sepulcre». Así, con un gesto de autoridad de cara al exterior y en un mensaje directo a los dirigentes de su partido, concluyó ayer la rueda de prensa que convocó el propio Fernando Sepulcre, portavoz de C's en la Diputación, con el objetivo de aclarar su posición respecto al nombramiento de dos diputados imputados (el popular Bernabé Cano y el socialista Agustín Navarro). En la comisión de Cuentas, posterior a su intervención, Sepulcre votó en contra de los nombramientos, pero en sus palabras previas descartó «por ahora» romper el pacto de gobierno en la Diputación.
Mucha luz no arrojó sobre la polémica que afecta al Palacio provincial desde que el presidente de la institución, el popular César Sánchez, decidió la pasada semana dar competencias y también retribución económica a dos imputados marcados con una cruz desde el inicio de la legislatura por estar imputados en causas administrativas. Hasta ahora, ninguno de ellos tenía sueldo, sólo cobraban por asistencia a plenos. A partir de ahora, Cano ingresará unos 67.000 euros al año, mientras Navarro cobrará unos 51.000 euros. «¿Por qué ahora los nombramientos? Venían unas elecciones generales [20-D] y se podía utilizar como arma electoral», admitió Sepulcre, como si fuera uno más en el gobierno de la Diputación.
De romper el pacto, nada de nada, al menos a día de hoy. Sepulcre aseguró ayer que pedirá al presidente de la Diputación, César Sánchez, que revoque la designación de los dos diputados imputados, aunque no fue tajante -un tono que sí utilizó en el resto de su intervención- a la hora de explicar las consecuencias ante una más que posible negativa del dirigente popular. Cuestionado por la posibilidad de que Sánchez se niegue a dar marcha atrás, Sepulcre titubeó: «Entonces, lo estudiaremos...». Sin más detalles.
Esta actitud choca con las palabras que ayer mismo escribía en su perfil personal en Twitter el coordinador provincial de Ciudadanos y diputado autonómico, Emigdio Tormo, muy rotundo ante la polémica desde el primer día. «Desde C's en la provincia queremos que nuestros gestores públicos sean y parezcan honrados. No es difícil de entender», aseguró ayer el dirigente de Ciudadanos y excargo del PP. Minutos después, Sepulcre resaltaba el apoyo que había recibido de su partido a nivel local y provincial.
En su intervención leída, Sepulcre alegó que los políticos están expuestos a ser imputados por el ejercicio de su cargo, en una búsqueda para restar importancia a las imputaciones de carácter administrativo que recaen sobre el actual alcalde de La Nucía (PP) y el exalcalde de Benidorm (PSOE). «Los políticos estamos expuestos a cualquier imputación administrativa en cualquier momento. Los diputados tenemos muchísima responsabilidad y cualquier persona nos podría denunciar.... Y llegaría un día en el que aquí [en la Diputación] no podría trabajar nadie», añadió ayer el diputado con pasado en el PP, quien situó la línea roja en la «sentencia firme».
Incluso en su intento de justificar su tibia «mano dura» al permitir que se conceda sueldo a dos imputados -pese a que la lucha contra la corrupción está recogida en el acuerdo entre PP y C's en la Diputación-, Sepulcre dirigió la vista hacia el tripartito de Alicante. «En el Ayuntamiento tenemos una imputada y procesada administrativa [Marisol Moreno, de Guanyar]. Pero, a mi juicio, en ese caso sí se crea una alarma social porque esa persona, además de blasfemar contra la Casa Real, hizo apología del terrorismo, como es poner una bomba debajo del coche de los políticos. Para mí eso es muy grave», subrayó el portavoz de C's en la Diputación.
