El exconseller de Gobernación Serafín Castellano, que compareció ayer en la comisión de investigación de las Cortes sobre el accidente del metro, tuvo que hacer frente a otro incendio por su gestión política y por el que fue detenido e imputado: el escándalo de las cacerías presuntamente pagadas por Avialsa. Al término de la comisión fue abordado por la prensa para preguntarle por la segunda ola de detenciones y registros acometidos por la UDEF de la policía judicial, sobre el presunto amaño de contratos a favor del cártel de empresas. «Creo que ustedes saben más de esa cuestión y es lo que voy leyendo. Sí decirles que lo que voy leyendo, en lo que a mi respecta, me parece un auténtico disparate», declaró Castellano en pasillos al ser preguntado por cómo afronta su imputación tras ser detenido y los últimos arrestos en la causa.
El también exdelegado del Gobierno se escudó en que el motivo de su presencia era hablar sobre el accidente ferroviario para evitar más valoraciones sobre el caso de las cacerías. «Yo creo que cada cosa se habla donde toca y evidentemente de este tema hablaré en el foro adecuado», explicó. «No obstante eso, ya tendré ocasión, espero, y lo antes posible, de demostrar mi total y absoluta inocencia. Nada Más», sentenció ante los periodistas. Ante la pregunta de si existía una trama organizada para el amaño de contratos, evitó contestar. «Ya le he dicho lo que le he dicho. Es un tema que está en secreto de sumario y yo espero que cuando se demuestre mi inocencia ustedes le dediquen también la misma dimensión a las noticias», comentó retando a la prensa. Del mismo modo, eludió responder a si conoce la existencia de grabaciones que demostrarían las prácticas presuntamente ilegales. «Muchas gracias, yo soy respetuoso con la ley y la justicia y el secreto de sumario. Lo que quiero y deseo es cuanto antes poderlo hacer y espero que ustedes tengan también ese tratamiento. Ya he dicho que, lo que se está publicando , es un auténtico disparate», abundó.
Por otro lado, la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, declaró ayer el estado de alerta política del Gobierno valenciano sobre los contratistas investigados. Dos de las empresas, Avialsa T35 y el Grupo Inaer, tienen contratos vigentes con la Generalitat. Oltra advirtió de que las firmas podrían recibir alguna sanción administrativa, al margen de una hipotética condena en los tribunales. Avisó de que el amaño podría alcanzar 100 millones en contratos.
