Hubo un tiempo en que la palabra dada o un apretón de manos clavando la mirada en los ojos del otro era más que suficiente para cerrar un trato. Estos viejos códigos lo mismo servían para vender doscientas arrobas de navelina en la Safor que para repartirse el territorio los distintos clanes de la mafia calabresa. En los nuevos tiempos, los negocios ya no entienden de pactos verbales entre caballeros si no hay constatación del acuerdo por escrito. De ello pueden dar fe las nueve empresas del sector de extinción aérea de incendios o fumigación de campos investigadas por actuar durante años de forma presuntamente ilegal pactando precios y repartiéndose bajo mano el mercado para evitar la competencia y aumentar los beneficios. Estas contratistas levantaban actas de las reuniones en las que abordaban supuestamente, con orden del día establecido, cómo burlar la ley.
Firmas que contaban con la supuesta complicidad de políticos a los que se sobornaba para que facilitaran el supuesto amaño de contratos. Las actas de los encuentros celebrados por empresarios bajo el foco de la UDEF y la Fiscalía y varios de ellos detenidos en las dos operaciones desplegadas dentro de la causa Avialsa, revelan cómo las compañías actuaban como una UTE -se habla incluso en estos términos- y se iban repartiendo el negocio por riguroso orden. Unos turnos que se garantizaban mediante el reparto de números como si fuera una cola de clientes en un establecimiento comercial. Avialsa T35 -la contratista de Serafín Castellano-, T. A. Martínez Ridao, Trabajos Aéreos Espejo, Faasa Aviación, Faasa Aeródromo Sebastián Almagro, Cegisa, Santiago Cid, Grupo Inaer -con sede en Mutxamel- y T. A. Extremeños son las firmas investigadas por concertar presuntamente estas actuaciones y actuar como socios y cuyas sedes fueron registradas el miércoles.
Estudio de toda la temporada
La documentación que obra en el sumario, tras la denuncia del exgerente de Avialsa Francisco Alandí, y a la que ha tenido acceso este diario, revela cómo a cada uno de los miembros de este grupo se les asignaba un número que daba derecho a colocar un avión en los concursos públicos que se iban sucediendo dentro del territorio de actuación, que, de entrada, era toda España y Portugal. En la reunión celebrada en Manzanares (Ciudad Real), sede de los encuentros del selecto club de la extinción de incendios, el 29 de marzo de 2005 se abordan los dos concursos a la vista y se recuerdan los turnos y el funcionamiento. Así, por ejemplo en la adjudicación prevista en Portugal les toca entrar en el negocio a Avialsa, T. A, Martínez, T. A. Espejo y Faasa, que tienen los números 32, 33, 34 y 35. Cada uno aportaría un «avión hidro» en la licitación. Si la firma a la que tocaba aportar el avión no disponía del modelo requerido, podía alquilar uno a un «socio», que haría así valer su turno. Explicado en palabras utilizadas por ellos mismos: «Como T. A. Espejo no dispone de avión para este concurso debe proponer a la empresa que corresponda el avión número 36 [la siguiente de la lista], esto es Avialsa, que le alquile uno y en este caso, Avialsa cede el turno a favor de la empresa siguiente (...) T. A. Martínez, a la que corresponde el avión número 37 y Faasa alquila el avión a la compañía Cegisa, a la que corresponde el siguiente turno, el avión número 38», se explica en el acta citada.
Los encuentros para servían para analizar el mercado de los contratos públicos, como atestigua el acta de las reuniones del 28 de noviembre de 2005 y el 12 de enero de 2006, donde se habla de los seis Air Tractor 802 que contratará Portugal o los dos nuevos aviones que iba a requerir Castilla-La Mancha.
Estaba tan clara y asumida la mecánica de actuación de los contratistas presuntamente compinchados que se dio el caso de suspender alguna reunión por innecesaria. «Estimados señores. Por indicación de D. Manuel González y estando pendiente la presentación próxima a dos concursos en los que se ofertan dos aviones A. T. Terrestres y dos A. T. Anfibios y dado que la Asociación está perfectamente estipulada la forma de presentación a los mismos, entendemos que no será necesaria la previa convocatoria de una reunión, ya que teniendo en cuenta las directrices establecidas, en esta ocasión corresponderían los dos AT Terrestres a Martínez Ridao y los AT Anfibios a Cegisa», se indica en un correo electrónico remitido a los «socios». Manuel González, quien traslada la consigna de anular la reunión, es el director general de la empresa Faasa, que el miércoles fue registrada hasta avanzada la tarde por parte del Grupo 24 de la UDEF.
El directivo de Faasa es quien convoca la reunión en la que se abordó la estrategia que se seguiría de cara al inminente concurso de Portugal en 2010. En ese encuentro se abordó la posibilidad de actuar a través de lo que bautizaron como «oferta cebo» para fingir concurrencia, aunque en realidad era un paripé dado que se trataba de propuestas de la misma empresa. El exgerente de Avialsa planteó la opción de acudir con ese marca y como Aviación Agrícola de Levante S. A., también de Vicente Huerta. En el primer caso, se presentaría una oferta de 2.050.000 euros y la otra sería de 1.999.999 euros. «La idea es presentar la oferta primera a últimos de esta semana y la más baja el mismo lunes día 8 (se cierra el plazo a las 17 h, hora portuguesa)», decía el directivo de Avialsa.
En los concursos se establece un número de horas de vuelo contratadas. La Fiscalía Anticorrupción investiga el presunto fraude consistente en no prestar la totalidad del servicio que se facturaba.
