El territorio en el que la UDEF practicó los registros y detenciones el pasado miércoles, en el marco de la investigación del caso Avialsa, se ciñó a seis comunidades autónomas: Andalucía, Baleares, Cataluña, Castilla-La Mancha, Extremadura y la propia Comunidad Valenciana. Pero los contratistas que presuntamente concertaron precios y se repartieron adjudicaciones públicas trascendió esas fronteras autonómicas y prácticamente abarcó toda España. Por ello, tanto la policía judicial como la Fiscalía Anticorrupción han abierto su campo de investigación a todas aquellas administraciones públicas del Estado que repartieron contratos para la extinción de incendios y a las que habrían acudido de forma pautada y concertada empresas como Avialsa, Faasa, Cegisa o TA Martínez Ridao.
Fuentes próximas a la investigación señalaron ayer que los registros se practicaron en la media docena de comunidades citadas porque es allí donde tienen sede las mercantiles que están bajo la lupa de esta causa vinculada a una presunta red de sobornos para conseguir concesiones públicas.
En la operación policial desarrollada por orden del titular del juzgado número 2 de Sagunto se practicaron 20 registros en empresas y viviendas. Además de la sede del Grupo Inaer en Mutxamel, de otra empresa en Valencia y del domicilio del arrestado exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, la policía abordó registros en Sevilla, Utrera, en el Aeropuerto de Córdoba (una de las sedes de Faasa), en Marbella o en Mairena de Aljarafe (Sevilla). Badajoz, Palma de Mallorca, Madrid -un despacho profesional y el aeródromo de Cuatrovientos- o Pozuelo de Alarcón fueron otros de los puntos en los que se desplegó la operación. En Cataluña, cayeron el alto cargo de la Generalitat Xavier Palmés -cuya vivienda fue registrada- y los responsables de Bomberos Manel Bosch y Ramón Dinarés.
El aeropuerto de Sabadell y los parques de bomberos de Sant Boi de Llobregat y Cerdanyola del Vallés fueron también objeto de registro policial. La investigación comprende las adjudicaciones en los últimos quince años. La elección de este período obedece a que se corresponde con el plazo de prescripción de dos de los delitos que se barajan: la malversación de fondos y el cohecho. Fuentes jurídicas explicaron que el artículo 131 del Código Penal, en el que se establecen los plazos de prescripción delictiva, contempla los 15 años de caducidad para aquellos delitos penados con más de diez años de inhabilitación. Tras la última reforma del Código Penal, el cohecho -artículo 419- y la llamada malversación de fondos agravada -por superar los 50.000 euros de cuantía, provocar un daño superior a 250.000 o graves daños al patrimonio y la seguridad- serían los dos delitos que no prescribirían antes de 15 años.
Falsedad y alteración de precio
Con todo, cabe recordar que no opera la retroactividad. En la causa judicial abierta se baraja los presuntos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad en documento mercantil, falsedad en documento público o negociación fraudulenta a funcionario público, además del cohecho y la malversación de fondos públicos.
