Para concluir lo que se presume que va a ser la recta final de la instrucción del proceso abierto por los presuntos amaños en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, el fiscal anticorrupción Felipe Briones va a solicitar que se tenga el cuenta la complejidad de la causa para disponer así de 18 meses más y poder acabar la investigación. Un plazo que, en caso de necesidad, podría prorrogarse por igual periodo.
Se trata de unos trámites recogidos en la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que el Gobierno pretende agilizar los procesos judiciales, para concluir la causas de especial complejidad. En este caso, de no darle al proceso del PGOU tal consideración, el plazo expiraría antes de verano: a los seis meses de la entrada en vigor de esta ley, algo que hizo en los primeros días del pasado diciembre.
La petición de Briones, a la que casi con toda seguridad accederá el magistrado Manrique Tejada, instructor de la causa y ante quien tiene que plantearse, se produce cuando ya tan transcurrido más de cinco años y medio desde que el 15 de julio de 2010 el asunto se envío a Alicante desde un juzgado de Orihuela como pieza desgajada del caso Brugal. Un tiempo en el que el proceso no ha permanecido de manera continuada en el juzgado de Tejada ya que, debido a la condición de aforados de los dos últimos alcaldes de la ciudad, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (ambos imputados y los dos diputados autonómicos en aquellos momentos) la causa se tuvo que remitir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad.
Desde ese órgano, donde Castedo declaró durante tres días a preguntas del fiscal mientras su predecesor se acogió a su derecho a no hacerlo, el procedimiento volvió de nuevo a Alicante al dimitir ambos como parlamentarios y perder el aforamiento. Esto ocurrió en el verano de 2014, momento en que Tejada retomó de nuevo la instrucción.
En estos momentos, y salvo petición de nuevas diligencias, el instructor está a expensas de que desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Comisaría de Alicante se le entregue el resultado de la investigación que encargó sobre el contenido de una auditoría realizada por la consultora KPMG sobre las inversiones en compra de suelo de la empresa Urbanika, vinculada a la antigua Bancaja, de la mano del empresario Enrique Ortiz, también imputado en este procedimiento. Las acusaciones sostienen que el promotor obtuvo beneficios gracias a la información privilegiada que supuestamente le facilitaron Alperi y Castedo sobre el planeamiento urbano de la ciudad. Un gesto que Ortiz habría agradecido con regalos que irían desde viajes hasta un coche.
Si el resultado de la investigación que le entregue la Policía no da lugar a la solicitud de nuevas pesquisas el instructor estaría en disposición de encarar la recta final de la instrucción de este procedimiento.
