Ciudadanos no permite que dos imputados tengan un sueldo. Traspasa su línea roja. El coordinador provincial del partido, Emigdio Tormo, advirtió ayer de que si el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, no revoca los nombramientos del popular Bernabé Cano y del socialista Agustín Navarro, ambos imputados por delitos administrativos, dará por roto el acuerdo por el que Ciudadanos sostiene a la Diputación. «Me remito al acuerdo que impide que haya imputados, tanto delitos por corrupción como infracciones administrativas como las de estas dos personas. No ha habido cambio», expuso Tormo.
A PP y Ciudadanos les une el interés formalizado en un pacto rubricado en julio pasado por el que la formación naranja se convirtió en el apoyo del PP para alzar a César Sánchez a la presidencia de la Diputación. Con la salvedad de que es el portavoz de Ciudadanos, Fernando Sepulcre, quien el miércoles daba el visto bueno al nombramiento de los dos imputados que pasan a cobrar un sueldo que antes no tenían.
Sepulcre defiende, en la misma línea del PP, que no son imputados por corrupción y que el escenario político ha cambiado desde julio. Aunque ayer ya añadió que otorgar un área y un sueldo a los dos imputados «es un decreto del presidente y no puedo hacer nada». Para más adelante apuntar que se plantea presentar una moción oponiéndose a estos nombramientos y a la vez, que para actuar espera las instrucciones que le dé la dirección nacional.
Según el coordinador provincial, las instrucciones de cuál debe ser la línea a seguir es «la desautorización pública y empezar a votar 'no' en los plenos».
Por su parte, Tormo apuntó que para evitar romper el pacto «me basta con que (Sánchez) lo reconduzca emitiendo otro decreto» y añadía que «los ciudadanos no van a entender que dos imputados manejen dinero público y cobren un sueldo público. Es lo que firmamos, es mi firma la que aparece en ese acuerdo», advertía.
Mientra que para el presidente de la Diputación «son personas que tienen problemas administrativos y no hay ningún caso de corrupción por lo que su nombramiento entra dentro de la más absoluta normalidad».
Cano está imputado por un presunto delito de prevaricación administrativa y desobediencia relacionado con una oferta de empleo público; mientras que Navarro se enfrenta a la denuncia de un sindicato por contratar trabajadores fuera de presupuesto.
Fuentes de la Diputación añadían que el pacto de gobierno firmado «hablaba sólo de imputados por corrupción», por lo que no entienden haber roto unilateralmente el pacto.
Tranquilidad de puertas adentro
La cúpula de Ciudadanos, de puertas adentro, se muestra tranquila. Creen que finalmente la sangre no llegará al río y que el pacto de gobierno en la Diputación no se acabará por romper, más bien todo lo contrario. Para ello, eso sí, el PP deberá dar marcha atrás y derogar en los próximos días el nombramiento y el sueldo asociado a los dos diputados imputados (el popular Bernabé Cano y el socialista Agustín Navarro). Si el presidente de la Diputación, César Sánchez, se retracta y deja sin efecto el decreto conocido este miércoles, el PP y Ciudadanos se volverán a sentar alrededor de la mesa para renegociar el acuerdo de gobierno, firmado hace medio año, y fijar así nuevos objetivos para los próximos meses en la política de la Diputación. Es decir, C´s prevé seguir los pasos de lo anunciado desde la Generalitat, con una puesta al día del Pacto del Botánico. «Se intentará avanzar en los objetivos y entre los puntos siempre estará la lucha contra la corrupción», añadieron ayer fuentes de la cúpula.
En Ciudadanos, por ahora, no se contempla que su único diputado en la institución, Fernando Sepulcre, se rebele y se niegue a mantener la línea marcada desde la formación naranja. Para evitar sorpresas, desde la dirección regional recordaron ayer a Sepulcre que su obligación es seguir las instrucciones que reciba del partido. Y ahí no caben los diputados imputados con sueldo y cargo.
