Abatir perdices, patos, venados o ciervos en cotos de Castilla-La Mancha o de la Comunidad Valenciana -entre trago y trago de Möet Chandon a la sombra de una carpa- sin que el bolsillo propio resultara damnificado podía resultar suficientemente estimulante para que un conseller como Serafín Castellano propiciara adjudicaciones de contratos de urgencia y sin presupuesto al presunto patrocinador de las cacerías. O para hacer la vista gorda cuando ese contratista, Avialsa T35, incumplía de forma flagrante las condiciones de una concesión de 11,17 millones para la extinción aérea de incendios en las campañas de 2008 y 2009. Se saltó el contrato hasta el punto de no aportar los aviones estipulados en el pliego de condiciones.
La Fiscalía y el juzgado están investigando el posible amaño de las concesiones por 34,1 millones a la empresa de Vicente Huerta a cambio de sobornos como las cacerías -a las que asistieron Castellano sobornoso el constructor amigo del exconseller José Miguel Pérez Taroncher, también detenido en la primera operación desplegada por la UDEF el 29 de mayo-, o armas, munición, comidas y estancias en hoteles. Hubo otros presuntos sobornos y tenían ruedas. Fuentes próximas al exgerente de Avialsa Francisco Alandí indicaron que en una de las testificales ante el juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, quien fue hombre de confianza de Vicente Huerta declaró que la supuesta trama de la que formaba parte el contratista llegó a regalar sendos coches al exdirector general de Interior Pedro Hidalgo, detenido en la operación de ayer, así como a quien fue jefe de la delegación valenciana de la Agencia Española de Seguridad Aérea (Aesa) Salvador Alepuz. Según la declaración judicial, Hidalgo habría sido agasajado con un coche Wolkswagen Toureg -un vehículo todoterreno de gama alta, cuyo precio supera claramente los 50.000 euros- mientras que a Alepuz le habrían regalado un Golf. El Ministerio de Fomento destituyó de forma fulminante a Alepuz el pasado mes de junio, después de que este diario publicó que este alto cargo de Aviación Civil hizo negocios con la presunta trama de intereses económicos y políticos que orbitaba en torno a Vicente Huerta y al exconseller y exdelegado del Gobierno Serafín Castellano.
Según la declaración del exgerente, la trama de los contratos de extinción de incendios quiso ganarse el favor de quienes participaban en las adjudicaciones y en el control de la ejecución de los servicios, pero también de alguien que como Alepuz tenía la competencia de decidir sobre los certificados de aeronavegabilidad de los aviones y de homologar a las empresas autorizadas para pasar las inspecciones. Las conocidas como CAMO, que vienen a ser las ITV de la aviación civil. Salvador Alepuz concedió una de estas CAMO a Aviarq, una empresa propiedad del Grup0 Avialsa.
Comisiones sin fronteras
El citado exgerente denunció el escándalo de las cacerías en Anticorrupción en octubre de 2014. Año y medio antes, este diario publicó -un 4 de agosto de 2013 y con foto de posado incluida- la primera de una serie de informaciones sobre los supuestos sobornos en formato cacerías. Tanto la UDEF de la policía judicial, como el juez y la Fiscalía Anticorrupción investigan el pago de suculentas mordidas pagadas presuntamente, según fuentes próximas a la investigación, por parte de Avialsa y de otras ocho compañías que habrían participado en el reparto del mercado español y en países como Italia o Portugal, una estrategia que, de entrada, atentaría contra las normas básicas de competencia.
