El pleno de las Cortes aprobó ayer, con la única abstención de Ciudadanos, una proposión no de ley del grupo parlamentario de Compromís por la que se insta a la Sindicatura de Comptes a auditar la gestión de las ITV desde que se privatizaron en el año 1997. El objetivo es conocer si esta privatización supuso una mayor eficiencia en la prestación del servicio o si, como reveló una auditoría similar en el caso la externalización de las resonancias magnéticas de la Sanidad valenciana, su concesión a empresas privadas ha implicado un sobrecoste para los usuarios.
Igualmente, la proposición insta al Consell a reducir el precio de las revisiones reducir el precio -que se sitúan entre las más caras de todo el país- y también a negociar la gratuidad o, al menos, a lograr una tarifa simbólica para los casos en que el vehículo deba regresar por segunda vez, al no haber superado la prueba a la primera. También se plantea que se estudien modelos alternativos a la gestión privada para cuando finalicen las actuales concesiones, en el año 2022.
La proposición fue defendida durante en el hemiciclo por el portavoz de Compromís, Fran Ferri, quien hace unos meses denunció los beneficios extraordinarios que estaban obteniendo las concesionarias de las ITV en la Comunidad Valenciana, muy superiores a los previstos inicialmente. En concreto, Ferri reveló la existencia de un informe interno de la Generalitat del PP que apuntaba que estas compañías habían facturado sólo entre los años 1997 y 2009 hasta 317 millones de euros adicionales a los previstos inicialmente en el pliego de condiciones.
Una cantidad muy notable y más aún si se tiene en cuenta que, inicialmente, los cálculos señalaban que los ingresos durante esos años serían de unos 220 millones de euros. Este enorme desfase se justifica, por un lado, por que el aumento del parque de vehículos de la Comunidad Valenciana ha sido muy superior al previsto para estos años, pero también por la incorporación de nuevas pruebas para controlar las emisiones de gases y otra de sonometría que no estaban contempladas inicialmente y que han encarecido la tarifa final que deben pagar los usuarios.
Durante su intervención en el pleno de ayer, Ferri aseguró que está privatización se hizo «pensando en los intereses de unos pocos» y recordó, a modo de ejemplo, que una de las concesiones fue a parar a una unión temporal de empresas participada por Sedesa, la compañía de la familia Cotino, y que otro lote acabó en manos de personas relacionadas con el exconseller Rafael Blasco. También apuntó que muchos de los concesionarios iniciales vendieron más tarde sus participaciones con jugosos beneficios.
Sobre la petición de gratuidad de la segunda revisión, el portavoz de Compromís reconoció que resulta muy complicado, ya que su pago formaba parte del pliego de condiciones inicial, pero se mostró confiado de que, al menos, se pudiera lograr el pago de un precio únicamente simbólico.
La propuesta recibió el voto favorable del PSPV, el PP y Podemos, además del respaldo de la propia formación nacionalista. Los diputados de Ciudadanos optaron por la abstención. Eso sí, desde el PP, Vicente Betoret criticó que los partidos del gobierno no aceptaran incluir ninguna de sus enmiendas.
