El PP y el PSOE volvieron a aliarse ayer, como ya hicieran en el pleno del pasado 30 de diciembre, para sacar adelante el aumento de la asignación presupuestaria para los grupos políticos en la Diputación, que supone multiplicar por cuatro, hasta llegar a los 518.000 euros, lo inicialmente aprobado en el mes de julio. Y dieron una vez más muestras de esta alianza después de que Compromís tratara de forzar en la junta de portavoces un nuevo debate sobre el aumento de las subvenciones a los partidos, con el fin de echar para atrás la propuesta. Al final, populares y socialistas se apoyaron en el dictamen de la secretaría, que poco menos que venía a decir que la posición de Compromís ya se había puesto en evidencia en el último pleno y que no cabía volver a dar vueltas sobre lo mismo, y, además, lograron que Ciudadanos y EU secundaran esta postura puramente técnica, pese a haber votado en contra de esta subida en el último pleno. Compromís se quedaba así solo en su petición, pero dejó claro que seguirá plantando batalla.
La decisión del PP de aumentar la dotación presupuestaria para los partidos ha ido acompañada por la polémica desde el principio. De hecho, la propuesta salió adelante gracias a un pacto negociado al más alto nivel entre populares y socialistas en Valencia, con el objetivo de intentar igualar -por arriba- los privilegios de los cargos en las diferentes administraciones. Uno y otro volvieron a mantenerse en esta misma posición, aunque, para ello, se escudaran en el dictamen de la secretaría, que argumentaba que la moción de Compromís, en la que pedía la retirada del aumento de esta partida y destinar esos casi 400.000 euros a inversiones relacionadas con el ciclo hídrico en los municipios, ya se había presentado «in voce» en el pleno del 30 de diciembre. No obstante, con carácter previo a la junta, según denunciaban desde Compromís, la postura del PP era otra: los populares sostenían que era potestad del presidente, César Sánchez, modificar las partidas presupuestarias.
Ante ello, Compromís optó por registrar otra moción -ya al filo del mediodía- en la que insta a los grupos con representación en la institución provincial a no solicitar por escrito la asignación hasta que esta cuestión no se debata en la comisión de regeneración democrática. Ahora bien, como alertó su portavoz, Gerard Fullana, no es el único paso que han dado. Los servicios jurídicos de la coalición ya están estudiando el tema para valorar las vías legales que se abren y si se puede impugnar el acuerdo y también que se haya bloqueado el debate. No descartan ni siquiera llegar a los tribunales. Además, han puesto en marcha una campaña en Change.org, con la que han superado las 1.000 firmas.
