La Fiscalía de Valencia solicita una pena de cinco años de prisión y 19 de inhabilitación para empleo o cargo público para el expresidente del Puerto de Valencia Rafael Aznar por el cobro de sobresueldos en la sociedad Valencia Plataforma Intermodal y Logística (VPI) hasta 2011, algo prohibido por ley. En concreto, le atribuye delitos de prevaricación administrativa y malversación continuada de caudales públicos.
A la vez, el ministerio público reclama la misma pena para los otros tres acusados en esta causa: dos exdirectivos del Puerto y el abogado del Estado Fernando Llopis. Les atribuye los mismos delitos pero en calidad de cooperadores necesarios. A todos ellos solicita también que paguen las costas y devuelvan las cantidades cobradas de forma irregular por estos sobresueldos. Aznar siempre ha defendido la legalidad de sus actuaciones.
