«Parece olvidar la Corporación municipal que Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo fueron miembros de dicha Corporación, en concreto sus alcaldes-presidentes, y que fue dicha Corporación la que, por cierto, contrató al arquitecto redactor del PGOU y quien gestionó la tramitación del mismo, luego el Ayuntamiento no parece ser consciente de que, en realidad, se está acusando a sí mismo porque si de una empresa privada se tratara y los hechos hubieran tenido lugar tras la entrada en vigor de la LO 5/2010 dicha empresa estaría imputada legalmente por los hechos cometidos por sus directivos». Con rapidez y esta contundencia ha respondido el abogado de José Luis Castedo, hermano de la exalcaldesa de Alicante, y de su socio en el bufete de abogados Salvetti, el exedil Javier Gutiérrez, a la última providencia dictada por el instructor del caso del PGOU, el magistrado Manrique Tejada, en la que, a instancias del Ayuntamiento de Alicante, reclama datos de la vida laboral del primero así como que se informe del modo en que accedió a la Administración y cuál era su cometido.
Tras documentar que la información que ahora reclama el Ayuntamiento está incorporada al procedimiento desde noviembre 2011, el letrado tacha la providencia de «inútil por reiterativa y por estar ya cumplimentada» al tiempo que insta al juzgado «a poner fin a la tramitación de estas inacabables diligencias (...) en lugar de estar reiterando diligencias de investigación ya cumplimentadas (...) que además no aportan absolutamente nada a los hechos que se investigan en la presente causa pero que logran eternizarla cual si no hubiera ningún interés por parte del juzgado y/o de las acusaciones (pública, privada y populares) en ponerle fin».
«Dudosa legitimación»
En el escrito presentado ayer en el juzgado, la defensa de los abogados urbanistas manifiesta su «más profundo malestar» por la petición planteada por la representación procesal del Ayuntamiento «cuya legitimación en la posición de acusación particular es más que dudosa, discutible y sorprendente». El abogado se queja de que «se dirijan sospechas infundadas de realización de conductas reprochables penalmente sin ni siquiera concretatarlas pretendiendo que ahora, siete años y siete meses después de iniciarse la causa, se investiguen prospectivamente no se sabe muy bien qué conductas de mis representados y de otras personas, algunas de las cuales ni tan siquiera están siendo investigadas».
En su andanada contra la primera actuación de la representación procesal del Ayuntamiento (de la que en breve se hará cargo José María López Coig, un abogado ajeno a los servicios jurídicos municipales), la defensa de Castedo y Gutiérrez llama la atención sobre el «escaso o liviano conocimiento del contenido de las diligencias de investigación» por parte del letrado del Consistorio que las firma la petición de información.
