A la empresa Orange Market y el resto de mercantiles satélite del grupo Francisco Correa Sánchez les tocó una especie de pedrea, materializada en pequeños contratos menores de 12.000 euros en cuatro conselleries y cinco empresas públicas entre 2004 y 2009, por valor de más de 1,8 millones cuando la Generalitat estaba dirigida por Francisco Camps. Un presunto trato de favor que sentará en el banquillo a 27 acusados: seis miembros de la conocida como trama Gürtel, tres ex consellers de la Generalitat (Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera) y 18 directivos del segundo escalón o técnicos de la Generalitat. Todos están acusados de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y, en algunos casos, falsificación de documento público.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, hizo público ayer el auto de apertura de juicio oral de la pieza cinco del caso Gürtel, que llegó a instruirse en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras la imputación de varios diputados, pero que obtuvo el billete de vuelta a Madrid, por decisión del Supremo, tras perder éstos el aforamiento.
En este auto, el juez De la Mata impone fianzas, para asegurar la responsabilidad civil de algunos acusados, de 776.667 euros para los seis miembros de la «trama Gürtel« imputados en esta pieza: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños. El magistrado también exige a Antonio Santo Juan (responsable de comunicación de Vaersa), a Enrique Bort Bargues (Jefe del gabinete técnico del Sepiva) y Juan Miguel Bellver Ribes (director general de Vaersa) fianzas de 4.320 euros a cada uno. Y, por último, reclama otros 66.667 euros a José Manuel Vidal Vidal (ex jefe de prensa de Vicepresidencia que acabó contratado por Orange Market). Todas las fianzas deberán ingresarse en el plazo de cinco días o el juzgado embargará bienes a los imputados. Toda las partes tienen diez días para presentar sus escritos de defensa y solicitar nuevas pruebas.
El auto del juez José de la Mata resume, en 116 folios, una especie de «manual perfecto para el amaño de concursos» en el que todas las conselleries y empresas investigadas seguían el mismo procedimiento: se elegía a Orange Market para que diseñara y montara eventos a pequeña o gran escala. Si el contrato superaba el límite legal de los contratos menores (en aquella época 12.020,24 euros) que ya obligaba a convocar un concurso, Orange Market troceaba las facturas para no superar este límite legal.
En otros casos, se montaba un «simulacro de concurso» en el que se «invitaba a tres empresas a participar» y todas las mercantiles que optaban era del grupo de Francisco Correa. Incluso se crearon «contratos paripé» con falsas aperturas de plicas y contrataciones que, según el auto del juez De la Mata, se cocinaron en el Sepiva y Vaersa. En el primero, la imputada Inmaculada García Pardo «encomendó la confección de un expediente de contratación completamente falso» ya que pretendía justificar la contratación de un vídeo que, en realidad, Orange Market ya había elaborado.
En el caso de Vaersa, «se aparentó el trámite de invitación a tres empresas del mismo grupo Correa» y se levantaron actas ficticias de apertura de ofertas, una mesa de contratación e incluso se fabricaron, a la medida de Orange Market, informes técnicos sobre su solvencia técnica.
El troceamiento de facturas se utilizó, por ejemplo, en la adjudicación de la Guía de la Comunicación (en papel y en USB) además de los regalos navideños de 2005 (por 88.975 euros), por los que se ha imputado a la directora general, Dora Ibars; también en diversos actos de la Conselleria de Educación para promocionar el software Lliurex, la «Familia y Escuela», la «Disciplina con dignidad», además del Open de Tenis a través de este mismo departamento o de la Luz de las Imágenes.
Orange Market también era la empresa de eventos de cabecera de la Conselleria de Bienestar Social, con Alicia de Miguel al frente -imputada en la causa- para organizar los eventos «Tolerancia cero», «Punto Final» y «Balance general» de la legislatura por 68.224 euros.
El mismo esquema se siguió en la Conselleria de Sanidad, que ha acabado con dos ex consellers imputados (Luis Rosado y Manuel Cervera) por amañar con las empresas de la trama Gürtel la escenografía para los premios Salud y Sociedad o el evento de presentación de la ampliación del Hospital Clínico que costaron a las arcas públicas 186.760 euros.
Aunque los pellizcos más suculentos los obtuvo la trama Gürtel al organizar la salida de la Volvo Ocean Race de 2008, en la que obtuvo un beneficio neto de 200.000 euros, al cobrar 445.000 a la Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana pero sólo gastar 187.000 euros en el evento. Por estos hechos ha acabado la ex gerente y mujer de Manuel Cervera, Arantxa Vallés, imputada en esta causa. Por último, el stand de grandes eventos que la trama Gürtel hizo para Fitur 2009 y por el que cobraron 366.529 euros ha arrastrado al banquillo de los acusados a la directora general, Dora Ibars.
