Confirmado por la Comisión de Garantías Democráticas estatal de Podemos: Jesús Bustos y su núcleo más próximo manipularon el censo electoral para conseguir la victoria en las primarias al Consejo Ciudadano local en Alicante con la candidatura oficialista de «Sí se puede». Este pucherazo refrendado por la Comisión de Garantías, que adelantó en junio INFORMACIÓN y que confirmó tres meses después el órgano autonómico, supone la suspensión de militancia de diez de los miembros de la elegida Ejecutiva local. La resolución, a la que no cabe recurso alguno, también ratifica la inhabilitación para el «desempeño de cargos en el seno del partido o en representación de éste». Esta segunda parte de la sanción afecta, especialmente, a la diputada autonómica Covadonga Peremarch, la única entre la decena de sancionados que ostenta cargo público. El Consejo Ciudadano local de Alicante, una vez sancionado por la Comisión de Garantías autonómica y a la espera del dictamen definitivo, anunció su dimisión en bloque en un comunicado hecho público poco después de que cerraran las urnas el pasado 20 de diciembre.
La resolución del órgano nacional, creado para garantizar que el funcionamiento del partido se ajuste a los principios de democracia, transparencia, justicia y participación igualitaria, abre un nuevo frente en la dirección autonómica. Según fuentes próximas a la formación, el secretario general de Podemos en la Comunidad, Antonio Montiel, habló ayer telefónicamente con la diputada inhabilitada para llegar a un acuerdo y evitar así tener que pasar el rodillo. Y es que el dictamen deja negro sobre blanco la imposibilidad de los sancionados de representar a Podemos. Es decir, Covadonga Peremarch no podrá seguir siendo diputada en las Cortes como miembro del grupo parlamentario de Podemos. Así, la diputada más joven tiene dos caminos: o entrega su acta como diputada o deberá abandonar la formación y pasar a los no adscritos. Para evitar que se agudice la crisis interna por el pucherazo en Alicante, Montiel quiere liquidar cuanto antes la cuestión. El líder autonómico pretende que Peremarch deje su sillón en el hemiciclo y no perpetuar el debate.
Montiel anunció ayer que mañana se reunirá con los miembros del grupo parlamentario en las Cortes y el Consell de Coordinación de Podemos para anunciarles su postura, que estará a expensas de la decisión de Peremarch. A través de un comunicado, el líder autonómico de Podemos se mostró rotundo: «No hemos venido a la política activa para ocupar sillones sino para ser útiles a las personas y cambiar la forma de hacer las cosas. Todos los cargos electos de Podemos han de actuar en consecuencia», afirmó Montiel, en un intento de mantenerse firme ante una crisis casi estructural en la ciudad de Alicante.
El dictamen de la Comisión de Garantías estatal confirma la manipulación del censo, a la vez que revoca por falta de pruebas las acusaciones de insultos a través de redes sociales y tampoco considera acreditada la inscripción de menores como electores. El texto, por otra parte, se muestra contundente con la actitud de los militantes sancionados e inhabilitados, a los que llega a acusar de usar un tono «soez y desagradable» en las conversaciones del chat de WhatsApp y de usar el «insulto al contrario» como la forma «habitual» de referirse a los adversarios.
