Anticorrupción detecta pagos de la Diputación de Valencia a un empresario ligado al caso Blasco

La Fiscalía investiga la conexión de la trama Cooperación y el caso Rus a través de Pujadas, que facturó a Imelsa

12.01.2016 | 03:22

Los escándalos de corrupción que han proliferado en la Comunidad Valenciana a la sombra del ladrillo y al calor de la moqueta institucional y la sensación de impunidad han estado abonados a la endogamia como esas plagas de conejos blindados por el vallado de la autopista. Las corruptelas, como los extremos, se tocan. De ello puede dar fe la Fiscalía Anticorrupción tras un año de investigación de la macrocausa del caso Rus y, concretamente, después de revisar buena parte de los contratos de la Diputación de Valencia y de la empresa pública Imelsa, que estuvo bajo el mando de Marcos Benavent desde 2007 hasta diciembre de 2014.

Tras inspeccionar la documentación interna de la diputación incautada por la UCO de la Guardia Civil y que obra en poder de la Fiscalía y la que aportó en su día una diputada provincial de Esquerra Unida, la investigación judicial ha detectado pagos por valor de 475.390 euros por parte de la diputación de Alfonso Rus a empresas de Carlos Pujadas Viana, contratistas de la sociedad pública Imelsa. Pujadas fue consejero y presidente de Dimensión Informática SL entre 1998 y 2005 y apoderado hasta 2008.

El contratista provincial de servicios informáticos ha sido investigado por sus vínculos, a través de esta última empresa, con Augusto César Tauroni, mano derecha del exconseller Rafael Blasco y que, al igual que éste, está cumpliendo una condena a ocho años de prisión y veinte de inhabilitación por el desvío de 1,7 millones de euros de Cooperación. Dinero concedido a la Fundación Cyes –nada que ver con la constructora– para proyectos en Nicaragua, pero que, salvo 43.000 euros, fue empleado para comprar pisos y plazas de garaje en Valencia.

Socios contratistas de Sanidad

A través de Alfatec Sistemas, Pujadas firmó el 1 de octubre de 2013 con Imelsa un contrato de «prestación de servicios informáticos de apoyo a la explotación del sistema de información de gestión tributaria y recaudación» provincial por 296.480 euros. Ese contrato fue prorrogado hasta el 30 de junio de 2015 por un importe de 118.592 euros. Alfatec fue la única empresa que se presentó a este procedimiento. Hubo una tercera adjudicación, en este caso con un negociado a dedo, por un total de 60.318 euros. Se consultaron tres ofertas como es preceptivo. Unas pesquisas en las que se ha podido concluir que no se acreditó que los servicios se adecuaran a un precio de mercado.

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