El Consell ve "desleal" la actitud del Gobierno al reclamar 55,8 millones de fondos europeos

La directora general de Fondos Europeos, Myriam Fernández, considera que el juez ''saca los colores'' al Gobierno central

08.01.2016 | 17:06

La directora general de Financiación y Fondos Europeos, Myriam Fernández, ha calificado este viernes de "cicatera" la actitud del Gobierno central respecto al pleito que mantenía abierto por reclamar a la Generalitat 55,8 millones de euros de fondos europeos correspondientes al programa operativo de España 1994-1999, que el Consell cobrará tras ganar el juicio.

En un comunicado al que ha tenido acceso Europa Press, Fernández ha mostrado su satisfacción tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo (TS) que da la razón a la Generalitat y ha lamentado la actitud "cicatera, lesiva y desleal" del Gobierno central, al que el juez "saca los colores" en la sentencia por "no aportar el fallo judicial de la justicia europea de junio de 2015, en el que ya abría la puerta al cobro de esos más de 55 millones". En esta línea, ha asegurado que la actitud del Gobierno de Mariano Rajoy "es una muestra más de su menosprecio y su falta de sensibilidad hacia los ciudadanos de la Comunidad".

Fernández ha recordado que este conflicto se remonta al Programa Operativo Comunitat Valenciana Objetivo 1 de Fondos Feder correspondientes al período 1994-1999 y, en concreto, al reparto de los recursos económicos entres las comunidades autónomas. Ha explicado que tras una evaluación de la utilización de las citadas ayudas la Unión Europea "redujo el importe correspondiente a la Comunidad en 115,6 millones y el Gobierno finalmente realizó unas compensaciones y descontó a la Generalitat los 55,8 millones". Posteriormente se entabló un doble proceso judicial, en el que el Gobierno pleitea contra instancias europeas y el Consell contra el Estado para reivindicar los 55,8 millones de euros ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJCV) y en casación ante el Tribunal Supremo.

Al respecto, Fernández ha apostillado: "Pese a que una sentencia de junio de 2015 recomendaba el cobro, el Gobierno central continuó exigiendo a la Generalitat los 55,8 millones y eludió presentar ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Europeo".

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