Desarrollos Urbanos para Viviendas Protegidas SL (Duvp), firma mixta de la que es socio mayoritario la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (Eige) y promovida por el exconseller de Territorio Rafael Blasco, hoy en prisión, no ha podido ser fiscalizada. Según desveló ayer el portavoz de Compromís en las Corts, Fran Ferri, el Consell debe asumir una deuda de la que no hay facturas y sobre la que el Síndic asegura que no puede verificar el origen ni la veracidad. Ferri pone el foco en que la empresa la presidía en 2014, el período fiscalizado, la actual presidenta del PP, Isabel Bonig. Ferri añade que la Sindicatura «pone en entredicho la gestión de Bonig» al revelar «aspectos demoledores» sobre la gestión del PP y de Bonig como consellera de Infraestructuras.
El Síndic destaca sobre Desarrollos Urbanos que los consejeros propuestos por el Consell no tenían acceso a las cuentas corrientes y que la contabilidad la gestionaba únicamente el representante del capital privado. Según Ferri este «descontrol» ha supuesto un agujero de 1,4 millones en las arcas públicas ya que el IVF ha tenido que hacer frente recientemente al pago del aval a favor Duvp por una promoción de viviendas en Alaquàs que no fueron construidas. Ferri añade que la firma resultó «un negocio» para los socios privados.
Pero la firma no dispone de las facturas originales de las deudas con proveedores, ni tampoco de las deudas con el socio privado.
