A vueltas con los asesores en el Consell

El sindicato UGT carga contra el decreto del Ejecutivo: «Con cargo a la administración no queremos analfabetos»

30.12.2015 | 00:40

El decreto para el nombramiento de asesores que elimina el requisito de titulación para ser personal de confianza del presidente y los consellers no sólo le traerá problemas al Gobierno de Ximo Puig por la vía del PP, que lo ha recurrido a los tribunales. Tampoco a los sindicatos FSP-UGT, Comisiones Obreras e Intersindical les acaba de convencer. Las tres organizaciones sindicales recordaron ayer al Ejecutivo que una ley superior, la del Estatuto Básico del Empleado Público recogido en la ley valenciana de función pública, establece una vinculación entre lo que cobran los eventuales y su titulación, de tal manera que, a pesar del decreto, el personal de confianza no podrá cobrar como alto funcionario si no acredita tener estudios superiores. Con todo, hay discrepancia entre los sindicatos a la hora de encajar el cambio normativo del bipartito. La más dura fue la FSP-UGT, sobre todo, a raíz de la defensa de la iniciativa que hizo el pasado lunes la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. El responsable de autonómicas del sindicato, Gonzalo Fernández, se preguntó si al final lo que van a sobrar son los asesores. «Para asesorar están los técnicos que tienen titulación y han pasado oposición, servidores neutrales», indicó, al tiempo que planteó a los actuales gestores que «quien quiera otro tipo de asesores que los pague el partido». «Con cargo a la administración no queremos analfabetos», añadió. Fernández recordó a Oltra y al presidente que, al margen de sus gustos, existe una ley que vincula salarios y estudios. Fernández recordó que la UGT recurrió hace años el nombramiento de quien fue chofer del expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, por ser contratado en un cargo para el que carecía de titulación y se preguntó si este es el modelo que quiere seguir el tripartito.

Por su parte, tanto Vicent Mauri (Intersindical) como Juan Cruz (Comisiones Obreras) admitieron que el decreto tiene alguna laguna, pero evitaron debatir sobre si ven necesario o no que un asesor tenga titulación.

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