El pleno extraordinario de la Diputación de Alicante ha aprobado hoy el presupuesto de esta institución para 2016, con los votos a favor del gobierno provincial (PP) y Ciudadanos (C's), la abstención del PSPV-PSOE y en contra de Compromís y EU.
El portavoz del grupo popular y diputado de Economía, Carlos Castillo, ha afirmado en su intervención que las cuentas de la corporación provincial para el próximo año son "rigurosas", "equilibradas" y "consolidadas", y ha resaltado que la Diputación de Alicante es una administración "saneada" y "con cero deudas con los bancos".
El presupuesto consolidado de la Diputación de Alicante -esto es, incluyendo los organismos autónomos y empresas dependientes de ella- asciende a 252 millones de euros de ingresos y a 234,3 millones de euros de gastos, con una disminución de las operaciones financieras del 75,38 por ciento.
De esa manera se contemplan 17,7 millones de euros de superávit, según el equipo de gobierno.
En las cuentas que afectan exclusivamente a la corporación provincial se establecen 206,9 millones de euros en ingresos y 189,7 millones en gastos, mientras que el descenso de las operaciones financieras aumenta hasta el 94,5 por ciento.
El capítulo de personal es el que más gasto supone del total de este presupuesto, con más de 57 millones de euros, lo que supone el 30,1 por ciento del total.
Además, se ha fijado una rebaja de los sueldos políticos en un millón de euros, reduciéndose un 10 por ciento el del presidente, César Sánchez, un 5 por ciento el de vicepresidente y portavoces, y un 3 por ciento el de diputados y asesores.
Las áreas sociales y el apoyo a los ayuntamientos suben hasta los 78 millones de euros y concentran el 45 % del presupuesto.
Proyectos como el impulso de la Zona Franca, el Co-Working o la Agencia de Salud y Dieta Mediterránea contribuirán al desarrollo económico del territorio, según el gobierno provincial.
Los grupos de la oposición, en especial el PSPV-PSOE, Compromís y EU, han criticado al gobierno popular las formas y los tiempos para la aprobación del proyecto presupuestario, ya que, según han alegado, han carecido del tiempo suficiente para estudiarlo.
En concreto, la única diputada provincial de EU, Raquel Pérez, ha calificado de "caos" la presentación de las cuentas y ha anunciado que llevará de nuevo al pleno el debate del presupuesto provincial para presentar alegaciones formales en su exposición pública.
Al final del pleno, el presidente de la Diputación ha manifestado la voluntad de intentar el año próximo entregar con más tiempo el proyecto presupuestario a los grupos políticos, ya que este año ha sido "muy complicado", entre otras razones, según ha expuesto, porque han sido las primeras cuentas elaboradas por el actual equipo de gobierno, por lo que ha pedido disculpas a la oposición.
Respecto a los presupuestos, los populares sostienen que se basan en tres ejes prioritarios: las personas y su bienestar, el municipalismo y el desarrollo económico de la provincia.
El gobierno popular ha aceptado algunas enmiendas de la oposición y se ha comprometido a consensuar una propuesta de los socialistas de utilizar el 50 por ciento del remanente de tesorería que resulte de la liquidación del presupuesto de este año para impulsar un plan de inversiones en los municipios.
Por otra parte, el portavoz del grupo popular ha asegurado que los presupuestos de la Diputación de Alicante "compensan la falta de financiación de la Generalitat" en la provincia.
En este sentido, ha explicado que, gracias a estas cuentas, la inversión por alicantino será de 50,5 euros gracias a los 93,7 millones recogidos para transferencias corrientes e inversiones, que crecen un 10 %, mientras que el presupuesto del Consell reduce a una media de 24,5 euros la inversión por habitante en la provincia de Alicante.
En la misma sesión plenaria se ha aprobado la propuesta de la subida económica a los grupos políticos.
C's ha rechazo esa subida y ha propuesto que se revierta en los municipios con menos población, mientras que Compromís ha reprendido al PP por "multiplicar por cinco la cifra destinada a los grupos políticos y situarla en 518.000 euros anuales", lo que ha considerado "indecente".
