El Síndic de Comptes ve ''irregularidades'' en CACSA

Queralt se ha pronunciado en estos términos tras la entrega del informe de la Sindicatura de Comptes de la fiscalización del Sector Público Autonómico del ejercicio 2014 al presidente de las Cortes Valencianas, Enric Morera. La sindicatura ha anunciado que notificará la irregularidad detectada a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, informa Europa Press.

El informe señala que la Ciudad de las Artes y de las Ciencias suscribió el 14 de noviembre de 2012 un contrato de servicios de consultoría para la definición de la externalización de Cacsa. El 24 de junio de 2014 se dan por concluidos los trabajos objeto del contrato y, por tanto, las tres fases pendientes de ejecución en 2013, así como los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato. En este acuerdo se determina, asimismo, el pago del importe pendiente, por 10.500 euros, IVA excluido, así como la devolución de la garantía definitiva. Al respecto, la cláusula quinta establece que el responsable del contrato deberá determinar si la prestación de los servicios por parte el contratista se ha realizado con conformidad, tras la entrega del modelo de gestión y finalización de los servicios de apoyo en la licitación de la externalización y redacción del contrato, mientras que la cláusula cuarta indica que el pago de la cantidad de 10.500 euros se realizará cuando finalicen los servicios, tras la firma del acta de conformidad.

Según advierte la Sindicatura, en el expediente "no consta" el acta de conformidad a suscribir por el responsable del contrato, mientras que en el documento de conclusión de los trabajos "se pone de manifiesto que los citados servicios de apoyo a Cacsa durante la licitación y la redacción del contrato de externalización no han sido prestados por retrasos debidos a requerimientos que no han podido ser asumidos por el contratista". Asimismo, señala que, adicionalmente, el 2 de julio de 2014 Cacsa formaliza con la empresa anterior un contrato "indebidamente calificado" de servicios complementarios, por el 50% del precio del contrato anterior, para la definición de las condiciones de externalización adaptadas a las indicaciones expuestas por la Dirección General de Patrimonio, en su informe del 4 de abril de 2014.

"En este contrato se excluyen expresamente los servicios de apoyo durante la licitación y en la redacción del contrato de externalización, que formaban parte de las necesidades planteadas por CAC S.A. en el proceso negociador, sin que esta reducción de las actuaciones comprendidas en el objeto contractual haya supuesto una reducción del precio del contrato", advierte el texto. Así, manifiesta que de los hechos y actuaciones la Sindicatura de Comptes aprecia "la existencia de indicios de responsabilidad contable, pues resulta posible la existencia de pagos realizados por CAC S.A. sin haber recibido en su totalidad la contraprestación correspondiente y, en consecuencia, el pago realizado por Cacsa con fecha 31 de octubre de 2014, por importe de 10.500 euros más IVA, no puede considerarse procedente, dado que la empresa adjudicataria no había cumplido totalmente con el objeto contractual, en el que se integraba la mejora comprometida".

En el anexo de las alegaciones, la Sindicatura indica que la empresa destaca que dicha mejora se convirtió en "inviable", lo que, a su juicio, "no se corresponde con el hecho de que Cacsa intentara incluir la prestación que era objeto de la misma en el contrato complementario formalizado el 2 de julio de 2014, aunque no llegó a consumarse dicha inclusión". En cuanto al contrato complementario, considera que "no concurría el supuesto legal que autoriza a utilizar esta figura, ya que el contrato inicial que se complementó había sido objeto de recepción el 24 de junio de 2014, y el complementario se formalizó el 2 de julio subsiguiente". Al respecto, la entidad asegura que "no se daba pues la condición de que los servicios complementarios fueran necesarios para ejecutar el servicio tal y como estaba descrito en el proyecto o en el contrato sin modificarlo, pues el servicio inicialmente contratado ya se había dado por finalizado".

No obstante, aclara que no es este incumplimiento legal lo que constituye un indicio de responsabilidad contable, sino el hecho de que "cuando se formalizó esta nueva contratación, en fecha 2 de julio de 2014, no se incluyeran todas las prestaciones que se contemplaban en la propuesta efectuada por Cacsa a la adjudicataria, sin que esta circunstancia determinara que se rebajara el precio contractual en la parte correspondiente".

Finalmente, el informe añade: "Se dice en la alegación que se mantuvo el precio porque la adjudicataria manifestó que los trabajos solicitados no podían ser cubiertos con el precio indicado, pero dado que no se solicitaron otras ofertas que sirvan de contraste, surgen dudas sobre la correcta fijación del precio contractual".