Objetivo: acabar de una vez por todas con el expolio de la financiación. El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, elevó ayer un peldaño más la presión contra el Gobierno central y anunció que reunirá a los nuevos diputados y senadores de la Comunidad para impulsar un «frente común» en Madrid que sirva como ariete para corregir los desequilibrios del actual sistema de reparto de fondos. La situación no es nueva. Tal y como ha venido contando este diario de manera periódica, la Comunidad Valenciana es la autonomía más castigada con el modelo de financiación aprobado en 2009 por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que, además, el anterior sistema, impulsado en la era de José María Aznar, era todavía peor.
El resultado: las arcas valencianas ingresan todos los años 1.000 millones de euros menos de los que les corresponderían en función de la población de Alicante, Valencia y Castellón. Pero es que, encima, el agravio es doble. ¿Por qué? Porque el nuevo sistema estatal de reparto de dinero tendría que haber entrado en vigor el 1 de enero de 2014. Pero el Gobierno de Mariano Rajoy, hoy en funciones, decidió aplazar su puesta en marcha alegando escasez de recursos. La realidad, según admiten fuentes del PP, es otra bien distinta. El Ejecutivo central no quería abrir una guerra entre sus barones a un año vista de las elecciones municipales y autonómicas (mayo) y las generales (diciembre).
El agravio con la infrafinanciación, además, ha sido lo único que ha conseguido unir a los principales partidos políticos con representación en las Cortes. Todos, sin excepción, coinciden en señalar que la Comunidad sale muy mal parada. Pues bien, Puig quiso dar ayer una vuelta de tuerca a las reivindicaciones valencianas y anunció esa próxima reunión con los nuevos integrantes de las cámaras Alta y Baja. «Vamos a pedirles un frente común contra la infrafinanciación de la Comunidad», sentenció en los micrófonos de Radio Valencia Cadena Ser.
Hasta ahí, la principal novedad. Puig recordó por enésima vez los desequilibrios del actual sistema e insistió en que los ciudadanos valencianos «no quieren ser más, pero tampoco menos» que el resto de españoles. «La nuestra es una reivindicación justa», prosiguió el presidente, para acto seguido matizar que con el dinero que llega ahora desde Madrid no se cubren los servicios básicos. No mintió. Este mismo año, el agujero sólo en Sanidad y Educación alcanza los 1.394 millones de euros. O, lo que es lo mismo, las aportaciones estatales no dan ni para cubrir los presupuestos autonómicos de estas dos áreas sociales, descontando además la liquidación del ejercicio 2013.
El jefe del Consell también adelantó que una de sus primeras reivindicaciones para el próximo Gobierno central, siempre que no se tengan que celebrar de nuevo los comicios, pasará por pedirle «lealtad y equidad» hacia las comarcas valencianas. Porque junto a los problemas con la financiación autonómica se suma además el déficit de inversiones. En los Presupuestos Generales del Estado de cada año, la Comunidad siempre aparece en el furgón de cola. Es decir, se destina menos dinero para obras del que correspondería en función del número de habitantes. «Gobierne quien gobierne, la Comunidad no será sumisa», advirtió.
Puig también valoró el resultado de las urnas el pasado 20D y descartó cambios en el Consell a corto plazo pese al excelente resultado que cosechó la coalición Compromís-Podemos, quedando incluso por delante del PSPV. El presidente quiso ensalzar el giro social que ha imprimido el nuevo gobierno autonómico a la Comunidad y descartó esos cambios «a corto plazo», aunque abrió la puerta a modificaciones en el futuro: «Es posible».
Además se mostró confiado en que Canal 9 retomará las emisiones en 2016 y defendió la colaboración público-privada tanto en Sanidad como en Educación.
