La Sindicatura de Comptes subraya habitualmente el pecado y señala al pecador, pero se abstiene de imponerle la reprimenda como penitencia. Y en este caso no actúa de forma distinta. El Síndic si receta cambios normativos para evitar que se perpetúe el descontrol en el uso de recursos de la caja fija o al menos para complicar a los responsables del dinero público que no dispongan de él con el máximo celo. Por segundo año consecutivo, el órgano fiscalizador urge a una «revisión y actualización» de la norma que regula la caja fija, el decreto 24/1998. «Al margen de su antigüedad (...) se considera insuficiente para la adecuada gestión y control de estos fondos a tenor de las incidencias que se vienen poniendo de manifiesto tanto en las conselleries como en hospitales», subraya Rafael Vicente Queralt en el borrador del informe pendiente de alegaciones.
En su análisis de la norma destaca su «ambigüedad» porque tras establecer qué tipo de gastos son susceptibles de acometerse con cargo a la caja fija se agrega: «o cualquier otro gasto de similares características». Una puerta abierta al abuso de esas partidas por parte de los cargos públicos y funcionarios. «La norma debería ser más clara en este aspecto y concretar al máximo detalle los gastos que pueden tramitarse y sus requisitos», además de aquellos otros que quedan «excluidos» de la caja opaca.
En el documento de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Comptes se acometen los gastos protocolarios, típicos de la caja fija, para indicar que del mismo modo «deberían estipularse claramente los gastos que cabe realizar en concepto de atenciones protocolarias y representativas, así como su gestión, acreditación y control».
