La Audiencia Nacional investigará los pagos de Ortiz y Martínez Berna a la trama Gürtel

El Tribunal Supremo acuerda enviar a Madrid las cuatro piezas que se estaban investigando en el Tribunal Superior de la Comunidad al no haber ya aforados entre los imputados

04.12.2015 | 01:23

Además de los abonos de los empresarios se encuentra el proceso abierto por la visita del Papa.

La Audiencia Nacional será la encargada de finalizar la instrucción y juzgar las cuatro piezas derivadas de la trama Gürtel que hasta ahora se estaban tramitando en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad. Se trata de la causa abierta por los contratos relacionados con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 y de otras tres que investigan delitos electores y fiscales por presuntos pagos a la trama corrupta en las que, entre otros, están imputados los empresarios de Alicante Enrique Ortiz y Rafael Martínez Berna.

Los investigadores sostienen que los dos empresarios, a los que se suman los responsables de las mercantiles Lubasa, Piaf, Sedesa y Cyes, realizaron abonos a Orange Market (la delegación valenciana del entramado de Francisco Correa) para reducir la deuda que el PP tenía contraía con la red Gürtel por sus trabajos al partido. Ortiz habría pagado más de 300.000 euros y el expresidente de Coepa y de la Federación de Obra Pública, cerca de 200.000. A ambos se les imputan delitos electores y de falsedad documental.

El Tribunal Supremo notificó ayer las dos sentencias en las que acuerda que la Audiencia Nacional sea el órgano competente al no quedar ya aforados en los procedimientos, lo que precisamente provocó en su momento el traslado al TSJ. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal ha rechazado los recursos planteados por la Fiscalía, que defendían que la competencia para investigar estas piezas (las numeradas como 1, 2, 4, y 6) era el máximo órgano judicial de la Comunidad, así como los de varios imputados (entre los que se encuentran Ortiz, Martínez Berna y el exdirector de general del RTVV Pedro García, entre otros) que defendían que la investigación de estos procesos no correspondía ni a la Audiencia Nacional ni al TSJ, sino a los juzgados territoriales de Valencia. Los recurrentes han sido condenados al pago de las costas.

En las dos resoluciones (una referida a la visita del Papa a Valencia y las otras a los delitos electorales y fiscales), el Supremo confirma los autos dictados por el TSJ el pasado marzo en los que acordaba el envío de estas cuatro piezas al juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, que dirige el magistrado José de la Mata, al no existir ya aforados en la causa y no haberse dictado en ninguna de ellas aún auto de apertura de juicio oral.

La Sala aplica los criterios que ya fijó en las otras dos piezas de este procedimiento, la 3 y la 5. En el caso de la última, que investiga un supuesto delito de prevaricación en las contrataciones entre la Generalitat y Orange Market y las sociedades vinculadas al Grupo Correa entre 2004 y 2009, a excepción de los contratos con la Agencia Valenciana de Turismo investigados en la pieza de Fitur, ya acordó su envío a la Audiencia Nacional por no existir tampoco aforados.

Por contra, en el de la primera, que indagó los contratos de la Generalitat en Fitur con la red corrupta, el Supremo acordó que se juzgase en el TSJ, donde se está celebrando la vista, porque ya se había dictado auto de apertura de juicio oral cuando dos de las imputadas, al exconselleras del PP Angélica Such y Milagrosa Martínez renunciaron a sus escaños en las Cortes, la última apenas unos días antes de que diera comienzo el juicio.

Los magistrados Manuel Marchena, Julián Sánchez Melgar, Antonio de Moral, Carlos Granados y Perfecto Andrés Ibáñez recuerdan que debe seguirse un criterio restrictivo en relación al enjuiciamiento de aforados, especialmente cuando se ha renunciado a esa condición sin que se haya dictado antes auto de apertura juicio oral, y defienden que el competente sea el juzgado Central de Instrucción número 5 por ser el órgano origen de las piezas del caso Gürtel que se remitieron al TSJ de la Comunidad, además porque la Ley Orgánica del Poder Judicial dispone que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional extenderá su competencia al conocimiento de los delitos conexos. El tribunal también precisa que la ley no exige que las piezas separadas de una misma causa sean enjuiciadas por un mismo tribunal.

En sus declaraciones en el TSJ Ortiz aseguró que los eventos por los que pagó a la trama Gürtel (entre los que se encontraba el montaje de una feria inmobiliaria y un torneo de mus) sí que se celebraron. Martínez Berna también negó ante el magistrado José Ceres que ni él ni sus empresas hubieran financiado al PP.

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