El Consell de Ximo Puig ha defendido la inclusión de 1.300 millones vía nuevo modelo de financiación autonómica en los presupuestos de 2016, pero no ha logrado «colar» el argumento en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), la «Policía» de Hacienda. El organismo creado a instancias de la Unión Europea para velar por el cumplimiento del déficit fiscal en España y adscrito al Ministerio de Hacienda ha puesto en evidencia la previsión de ingresos del Ejecutivo valenciano al considerar que «los fondos de financiación autonómica valorados en un 1,3% del PIB no están previstos en los presupuestos generales del Estado». Coherente con la posición adoptada en diciembre de 2014 cuando tumbó los últimos presupuestos de Fabra por incluir como ingreso un inexistente anticipo del Fondo de Competitividad, la Autoridad Fiscal echa por tierra las cuentas de la Generalitat de 2016 y plantea un ajuste de como mínimo de 1.000 millones de euros para cumplir con los objetivos de déficit.
Esta es una de las conclusiones del informe que ayer dio a conocer sobre las Líneas fundamentales de los Presupuestos para 2016 de las comunidades autónomas. La Comunidad Valenciana forma parte, junto con Cataluña, Extremadura, Murcia, de la lista negra de comunidades con un riesgo muy elevado de incumplimiento del objetivo presupuestario de 2016 fijado en un 0,3%. El punto débil fundamental son las «posibles desviaciones en los ingresos previstos por la comunidad». La AIReF, que prevé que la Generalitat cierre 2015 con un déficit de entre el 2,3-2,1%, muy superior al tope del 0,3%, estima que el esfuerzo a realizar en 2016 esté en torno al 1,9% del PIB. La entidad considera que para este ajuste la comunidad contará en 2016 con un aumento de los recurso del sistema sujetos del 0,9% del PIB. El problema es cómo reducir el restante 1%, ya que para la AIReF la transferencia de los 1.300 millones del Estado «no puede considerarse segura».
Como ya hizo el año pasado, la entidad, que preside José Luis Escrivá, apela a la facultad que le otorga la ley cuando detecta riesgos de desviación y el Gobierno central no actúa. Y para el caso de las comunidades con más riesgo de incumplimiento, incluida la valenciana, solicita al ministerio la aplicación de las medidas «preventivas» del artículo 19 de la ley de Estabilidad Presupuestaria. En concreto, pide al Consell una planificación plurianual que tenga en cuenta, entre otras cuestiones, el ajuste a realizar: «El Consell debe consolidar el presupuesto como documento en el que se concrete anualmente la planificación plurianual a medio plazo», indica el informe.
Y es que la AIReF considera que a estas alturas de 2015 el programa económico y financiero aún pendiente de aprobar ya no es «relevante» y que «la hoja de ruta» son los presupuestos que se encuentran en tramitación en las Corts. El artículo 19 es un «requerimiento» por parte de Montoro a las autonomías con una «advertencia motivada». El Consell tendrá un mes para «adoptar las medidas necesarias» y, en caso de no hacerlo, se aplicarían medidas «correctivas» y si persiste, «coercitivas», como la no disponibilidad de crédito y hasta una multa. Sin embargo, en el ánimo del Consell no está aplicar ningún recorte en 2016. Para la Conselleria de Hacienda el informe avala sus tesis sobre la infrafinanciación aunque evidencia una dependencia absoluta de la ayuda de Madrid. La secretaria autonómica de Hacienda, Clara Ferrando, destacó ayer que la entidad certifica que la Comunidad gasta en los servicios básicos menos que la media y se plantó: «No habrá más recortes».
