La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido el auto que exculpa a uno de los dos técnicos del ayuntamiento de Alicante que estaban imputados por favorecer supuestamente al empresario Enrique Ortiz en el concurso para la limpieza y mantenimiento del cementerio municipal.

Según han informado a EFE fuentes de la acusación pública, el fiscal Felipe Briones insiste en su escrito en que Diego Agulló debe ir a juicio junto con el otro procesado, Víctor López, como responsable de un delito de prevaricación por el que solicita una pena de inhabilitación de 7 años.

El juzgado de Instrucción 1 de la ciudad decretó recientemente el sobreseimiento provisional de la causa para Agulló al entender que su actuación no tuvo trascendencia alguna en la resolución del expediente administrativo.

El auto fue dictado después de que el fiscal hubiera presentado su escrito de conclusiones provisionales sobre el caso, en el que acusa de prevaricación a ambos funcionarios y pide para ellos sendas penas de 7 años de inhabilitación.

El ministerio público sostiene que López, ya jubilado pero que entonces ejercía de jefe de servicio de Concejalía de Atención Urbana, y Agulló, como jefe del área de Sanidad, Consumo, Comercio y Mercados del mismo departamento, aplicaron un "trato desigual y perjudicial" hacia otras dos empresas para favorecer a Ortiz.

El juzgado abrió la investigación en 2010 a raíz de la querella interpuesta por una de las mercantiles supuestamente perjudicadas, Multiservicios Tritón SL, que había presentado una oferta más barata que Enrique Ortiz e Hijos SL para hacerse con el contrato, 723.083 euros por 774.801 euros, sin contar el IVA.

Un informe pericial aportado a la causa refleja que los técnicos aplicaron diferentes criterios para valorar las ofertas presentadas por una y otra empresa, concretamente a la hora de contabilizar el capítulo de mejoras.

Además, según el fiscal, López debería haberse abstenido de intervenir en este expediente porque dos hijos suyos trabajaban por esas fechas para otra de las empresas de Ortiz, Inusa, encargada de la limpieza viaria y recogida de residuos.

El juzgado archivó el procedimiento para Agulló porque el informe que éste redactó y que en lo sustancial respaldaba la actuación del jefe de servicio de Atención Urbana se presentó fuera de plazo, por lo que el equipo de gobierno municipal no pudo tenerlo en cuenta.

Sin embargo, en su recurso de reforma ante el propio juez, el fiscal insiste en llevarlo a juicio porque considera que el informe de este técnico sí sirvió a la Concejalía para sustentar la adjudicación del contrato a Ortiz, según las fuentes de la fiscalía.