La Sindicatura de Comptes aprecia posibles responsabilidades en quienes en los últimos años permitieron que cientos de trabajadores temporales contratados por la empresa pública Vaersa acabaran convirtiéndose en indefinidos. Es lo que se conoce como cesión ilegal de trabajadores, una práctica generalizada en el ente público y denunciado durante años por la propia Sindicatura que no sólo implica la entrada por la puerta falsa al trabajo público, sino que, como se ha visto, ha causado perjuicios a las arcas autonómicas. No en vano el coste de las indemnizaciones por los despidos en Vaersa en el periodo 2011-2014 ascendió a 7,7 millones de euros.
Entre 2011 y 2013, la Generalitat reconoció el carácter indefinido a 553 trabajadores y ello teniendo en cuenta que, tal como denunció la Intervención en 2013, la selección de personal no cumplió los principios de mérito, capacidad y publicidad. Además del citado incremento de las indemnizaciones en los despidos, el Síndic revela cómo hasta 2013 Vaersa pagó hasta un 16% más de lo que correspondía a los trabajadores contratados.
La alerta sobre la irresponsable gestión de personal en Vaersa en la etapa Fabra queda plasmada en el informe de fiscalización realizado por el Síndic de Comptes sobre las encomiendas de gestión de la Generalitat ordenadas en los ejercicios 2013 y 2014. El informe, a cuyo borrador ha tenido acceso INFORMACIÓN, se encuentra en fase de alegaciones. Es consecuencia del acuerdo de la Comisión de coordinación de las Comunidades Autónomas del Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo para fiscalizar de forma coordinada las encomiendas de gestión. Se trata de los encargos que una conselleria realiza a una entidad del sector público para que realice una determinada prestación, una figura que está sujeta a la supervisión de la dirección de las consellerias.
El Síndic centró su auditoría en Vaersa al ser el ente que acaparó el grueso de las encomiendas de gestión. Las conclusiones del informe son demoledoras, ya que el órgano fiscalizador detecta irregularidades de calado en todos los expedientes analizados (19 encomiendas por valor de 35 millones, la mayoría de 2013, aunque también de 2012 y 2014, ordenadas por las consellerias de Gobernación, Presidencia, Agricultura e Infraestructuras) y deja en mal lugar a los gestores de la era Fabra, incluida la entonces consellera de Infraestructuras, Isabel Bonig, secretaria general del PPCV y responsable política de Vaersa.
El informe viene a ahondar en las anomalías denunciadas desde hace años por la propia Sindicatura, los sindicatos y la Inspección de Trabajo, y arroja más luz sobre la turbia gestión de una empresa pública investigada también por la Justicia. Dos de sus exdirectivos están imputados por presunta malversación, aunque los hechos se remontan a la época Camps. La conclusión es clara: «La Generalitat no ha cumplido de forma razonable la normativa vigente»
Así, da una «opinión negativa» relativa al cumplimiento de ilegalidad y cita 14 incumplimientos de la normativa aplicable que abarca desde cuestiones formales, como la falta de desarrollo normativo, hasta cuestiones de fondo, como los sobrecostes, los gastos sin cobertura presupuestaria y los supuestos de cesión ilegal de trabajadores.
Expedientes disciplinarios
El apartado de personal es uno de los más sangrantes ya que se evidencia que, pese a las sentencias judiciales y advertencias del órgano de control, el Consell siguió la pasada legislatura contratando personal para ejecutar los encargos cuando en realidad se trataban de funciones públicas que comportan cesión ilegal de trabajadores. Es en este apartado en el que el Síndic apunta que «podría resultar de aplicación» el artículo 18 de la Ley de la función pública valenciana «que establece que incurrirá en responsabilidad quien con su actuación dé lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido».
La apreciación no es baladí ya que señala a los funcionarios que avalaron las encomiendas sin poner reparos. Podría darse lugar, si así lo entiende el nuevo Consell, a la apertura de expedientes disciplinarios e incluso dar pie a la vía penal hacia responsables políticos.
