El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se ha visto obligado a arrojar la toalla en tiempo de descuento -con el Gobierno en funciones- ante la imposibilidad de aplicar una de sus leyes más importantes de la legislatura: la de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El departamento que dirige Cristóbal Montoro acaba de remitir un escrito a los ayuntamientos en los que, en esencia, les pide que no hagan caso de la ley y que sigan prestando las competencias que les son impropias y que tenían que ceder a las comunidades autónomas el 31 de diciembre de 2015, según recoge la norma aprobada en 2013. Los propios alcaldes ya habían avisado de que si se aplicaba a rajatabla esa norma, los ayuntamientos dejarían de atender los servicios sociales, educación o sanidad, que pasarían a prestar las comunidades.
