El pleno de las Cortes aprobó ayer una proposición no de ley de Ciudadanos -con el apoyo del PP, la abstención del PSPV y el voto en contra de Compromís y Podemos- en la que se insta al Consell, municipios y entes públicos a que se opongan a que ninguna institución política pueda desobedecer la ley ni situarse «por encima de la soberanía popular», así como a reafirmar la vigencia de la Constitución, expresar el «máximo compromiso con la construcción del proyecto común que es España, de la mano de nuestros conciudadanos catalanes». Así que la abstención socialista le concedió la primera victoria electoral a la oposición de derechas -PP y Ciudadanos- y provocó las primeras diferencias de voto en el tripartito que sustenta al Gobierno autonómico.

En el texto, en el que se ha introducido una enmienda del PP para reconocer la vigencia y el valor de la Constitución y su contribución a la unidad de España, se insta también a «solidarizarse con todos los ciudadanos de Cataluña ante el reto a las libertades, a la igualdad y a la democracia que supone la intención de algunas fuerzas políticas de incumplir la Constitución, sus leyes y las resoluciones de los tribunales». No se aceptó, sin embargo, la enmienda conjunta planteada por PSPV, Compromís y Podemos, en la que se proponía que las Cortes reconocieran el necesario respeto al Estado de derecho, el papel «indispensable» de las autonomías en la vertebración del Estado, así como manifestar la voluntad de articular una respuesta política que integre la voluntad democrática de todas las sensibilidades e identidades». Por otra parte, la presidenta regional del PP, Isabel Bonig, calificó de «inconstitucional» el sistema de financiación que ha propuesto Puig. Todo ello cuando el rescate de 1.400 millones se volverá a retrasar: ahora llegará en diciembre. El conseller Vicent Soler ya alertó de que habría impagos en el supuesto de que se alargara el pago.