Puig propone un modelo de financiación que premie la eficacia en la gestión de impuestos

El Consell lanza un documento para toda España que incluye revisar el cupo vasco pese a oponerse Sánchez

25.11.2015 | 18:17

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, lanzó ayer su propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica para toda España que incluye, entre otras cuestiones, la controvertida revisión del cupo vasco y navarro, al tiempo que plantea incentivos para aquellas autonomías que realicen mayor esfuerzo fiscal, es decir, premiar con más recursos a aquellos gobiernos que, desde su autonomía financiera, sean más eficaces en la gestión de los tributos. A un mes de que se celebren las elecciones generales, el presidente, que compareció en el Palau de la Generalitat junto al conseller Vicent Soler y su equipo de Hacienda, dejó clara su voluntad de influir en el debate nacional al margen de las directrices de Ferraz. De hecho, admitió que se trata de una iniciativa que parte del Consell para toda España y que no ha sido consensuada con la dirección de su partido.

Ximo Puig subrayó que la clave del documento es la igualdad en los servicios públicos básicos para todos los ciudadanos «vivan donde vivan», un modelo cuyo andamiaje había sido ya avanzado por el presidente a principios de octubre y que ahonda en la autonomía financiera. Según la propuesta (en la que han participado entre otros los expertos del IVIE José Antonio Pérez y Vicent Cucarella) es clave que las comunidades tengan un mayor espacio fiscal para que puedan disponer de recursos adicionales gracias a una gestión más eficaz de los tributos e incluso por la subida de tipos o creación de nuevos impuestos.

De hecho, recaudar más tendrá premio: «Las comunidades autónomas que obtengan más recursos como resultado de un esfuerzo fiscal en los tributos estatales, situado por encima de la media, obtendrán como incentivo la correspondiente participación en dicha recaudación adicional», asegura el documento repartido ayer.

El Consell plantea que la Cortes Generales legislen cómo se distribuirán las fuentes tributarias entre las administraciones públicas con el fin de que las comunidades dispongan de su espacio fiscal. Puig defendió una agencia tributaria propia no desligada de la del Estado, pero que participe en sus decisiones. «Una mirada federal tanto en la recaudación como en la gestión de los tributos para que no estemos sometidos a las directrices de sólo una parte», describió.

En la medida en que cada comunidad ejercite su capacidad normativa podrá disponer de recursos adicionales a los que tendrá garantizados para financiar sus servicios básicos.

Y es que el modelo del Consell se apoya en tres tramos de recursos. El primero tiene por objetivo garantizar el nivel mínimo de servicios públicos fundamentales e incluye la creación de un fondo estatal de contingencia «al que realizaran aportaciones cuando la recaudación tributaria crezca por encima del PIB nominal». Se trataría de una especie de colchón, similar al fondo de pensiones, para evitar que la caída en la recaudación haga peligrar los servicios básicos.

El Consell propone que previamente se defina el gasto básico del Estado de Bienestar y que los fondos se distribuyan «atendiendo al criterio de necesidad asociado al concepto de población ajustada» y «primando» el criterio de población. La «contrapartida» es que todas comunidades están obligadas a mantener «la dimensión global del paquete de gasto financiado por la aportación de tales recursos».
El segundo tramo es el de suficiencia competencial autonómica y engloba aquellos recursos para competencias no ligadas a servicios públicos esenciales, como las infraestructuras o el medio ambiente. El reparto se haría en base a una serie de indicadores (población, PIB, densidad, etc), pero la financiación no estaría blindada como en el caso de los servicios básicos. Así, en caso de recesión, las autonomías deben preservar el equilibrio presupuestario con ajustes en los gastos o en los impuestos. La tercera pata es el tramo de autonomía y está vinculada al citado esfuerzo fiscal autonómico.

Respecto a la revisión de las contribuciones forales (no se cuestiona el concierto, sino que se pide un nuevo cálculo del reparto) es uno de los elementos más controvertidos, tanto por su eco en el debate nacional, como por la oposición oficial de Pedro Sánchez de abrir este melón. Puig evitó polemizar, pero insistió en que todo es evaluable: «En una comunidad de vecinos todos tenemos que pagar», apuntó el presidente Puig.

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