24 de noviembre de 2015
24.11.2015

Puig propone un nuevo sistema de financiación autonómico

La entrega de los recursos a las comunidades se realizará en base a criterios como la población, el PIB o la extensión

25.11.2015 | 00:53
Puig, Soler y el equipo de Hacienda, ayer en el Palau.

El Gobierno valenciano ha presentado hoy una propuesta para un nuevo sistema de financiación de todas las autonomías en el que se plantea resolver el "problema" de la dualidad de modelos (foral y de régimen común) y crear fondos de contingencia estatal y autonómicos para evitar futuros recortes, informa Efe.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha comparecido hoy en rueda de prensa junto al conseller de Hacienda, Vicent Soler, el director del Instituto Valenciano de Finanzas, Manuel Illueca, y otros altos cargos responsables de la gestión económica para explicar las "bases" del citado modelo. Puig ha insistido en que el punto de partida del mismo es la "igualdad",y ha anunciado que contempla la creación de un fondo de contingencia estatal, al que se realizarán aportaciones cuando la recaudación crezca por encima del PIB nominal, con el fin de evitar futuros recortes de los servicios públicos en periodos de recesión. Igualmente, se contempla la posibilidad de que cada autonomía pueda crear fondos propios que dotará en fases de crecimiento, con los criterios que crea oportunos, para atender gasto no relacionado con los servicios públicos.

Para la puesta en marcha de este sistema se requerirá, en primera instancia, un acuerdo mayoritario del arco parlamentario que defina la "dimensión mínima del gasto público para el estado del bienestar" -sanidad, educación y protección social-, en referencia al PIB, al objeto de que las Administraciones Públicas lo garanticen por igual en todo el territorio. Asimismo, y para proteger la financiación estable de los servicios públicos, los Presupuestos Generales del Estado crearán un fondo de contingencia al que realizarán aportaciones cuando la recaudación tributaria crezca por encima del PIB nominal, a fin de evitar recortes en periodos de recesión. En la distribución de estos recursos primará el criterio poblacional, de forma que la financiación del tramo de garantía se realizará asignando un mismo porcentaje de la recaudación de IRPF, IVA e impuestos especiales. Adicionalmente se contempla un segundo tramo (suficiencia competencial) para atender cuestiones de orden público, servicios generales de la administración, asuntos económicos, medio ambiente, actividades recreativas, cultura y religión y vivienda.

La entrega de los recursos que se entregará a las comunidades para estas competencias se realizará en base a criterios como la población, el PIB, extensión, densidad, dispersión o la insularidad y su financiación se realizará mediante la recaudación de los tributos cedidos y la participación de las mismas en la recaudación de tributos del Estado. Además, se contempla un tercer tramo, un espacio fiscal propio para cada comunidad, que se dotará mediante tributos propios o recargos sobre tributos estatales, de forma que las comunidades que obtengan más recursos como consecuencia de un mayor esfuerzo fiscal, obtendrán como incentivo la participación en la recaudación adicional. Al respecto, Puig ha señalado su intención de "ofrecer una vía para la solución del modelo, no sólo en lo que nos afecta a nosotros, porque no caben más parches. Es una propuesta profundamente sólida, aunque abierta al debate, que atiende al ordenamiento jurídico español".

Además, ha apuntado que "sería inadmisible" cualquier negociación particular de una comunidad autónoma y ha asegurado que no contempla otra vía que "una reforma global del sistema". Por ello, a juicio del president "hemos de acabar con la arbitrariedad y la discrecionalidad, todos hemos de saber las cuentas, lo que aportamos, porque demasiadas veces esto de la financiación autonómica ha estado nublado"
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En relación a los regímenes especiales del País Vasco y Navarra, Puig ha apuntado que "en una comunidad de vecinos todos tenemos que pagar", aunque ha añadido que no plantea "la demolición de ninguna parte de la Constitución, sólo la igualdad entre los españoles". Asimismo, Puig ha reiterado su compromiso de desarrollar el Estatuto de Autonomía en lo relativo a la gestión propia de los tributos, si bien también ha reclamado capacidad de decisión de las autonomías en la Agencia Tributaria.

Por último, ha indicado que la deuda histórica del Estado con la Comunidad Valenciana asciende a 16.000 millones y que esta cantidad crece por la infrafinanciación, que ha cifrado entre los 800 y 1.000 millones anuales. "Todo eso nos ha llevado a una deuda de 40.000 millones de euros, el 60 % de la cual ya es del Estado, de modo que es más fácil acometer una reestructuración o una quita", ha apostillado.

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