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Un juzgado pide a 5 empresas públicas los contratos de recolocación tras los ERE

La Fiscalía y el tribunal estudian la información de FGV, RTVV, Vaersa, la Ciudad de las Artes y EIGE

Un juzgado pide a 5 empresas públicas los contratos de recolocación tras los ERE

El juzgado de Instrucción número 11 de Valencia y la Fiscalía provincial de Valencia han reclamado a cinco empresas públicas de la Generalitat los contratos de los planes de recolocación, suscritos con la misma empresa, de los trabajadores despedidos en los seis expedientes de regulación de empleo (ERE)ERE tramitados en los últimos años, según confirman fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y de la Fiscalía.

La documentación ha sido requerida por el juzgado a los responsables de las empresas Ciutat de les Arts i les Ciències SA (Cacsa), Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, Ràdio Televisió Valenciana (RTVV)Ràdio Televisió Valenciana, Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA (Vaersa) y la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat (EIGE). Esta última mercantil ha tenido que facilitar los dos contratos que afectan a los ERE que tramitaron sus antecesoras: Construcciones e Infraestructuras de la Generalitat (Ciegsa) y el Instituto Valenciano de Vivienda SA (Ivvsa), ya desaparecidas y refundidas en el EIGE.

La documentación recabada ya está siendo analizada por la titular del juzgado de Instrucción 11, Rosa Olarte, y la Fiscalía, para determinar si se podría haber cometido algún delito en las adjudicaciones de los seis planes de recolocación a la Fundación Equipo Humano, una entidad sin ánimo de lucro constituida en 2010, que es «agencia de colocación y empresa de recolocación autorizada» desde el año 2012. Los patronos de esta fundación coinciden con los socios de la empresa Equipo Humano SL, fundada en 2001, y adjudicataria de contratos de formación de personas desempleadas para el Servicio Valenciano de Empleo y Formación (Servef) y de los Servicios Públicos de Empleo Estatal (SPEE).

La investigación sobre estos hechos se inició este verano tras la denuncia de la extrabajadora de una de las empresas públicas, que fue admitida a trámite por la Fiscalía Provincial de Valencia. La empleada denunciaba la posible comisión de los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y tráfico de influencias por la adjudicación a la misma empresa de los seis planes de recolocación por más de un millón de euros (cifra que no incluye el IVA). Y también la posible comisión de delitos societarios, contra la Hacienda Pública o contra la Seguridad Social, por la «confusión de patrimonios y trabajadores entre la fundación y la empresa».

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