21 de noviembre de 2015
21.11.2015

El juez exculpa a uno de los dos técnicos imputados por una contrata a Ortiz en Alicante

El magistrado falla que el informe del funcionario no tuvo incidencia en el concurso público

21.11.2015 | 01:10

La causa continúa sólo para el exjefe de Atención Urbana.

El juzgado que investiga las presuntas irregularidades en la contrata de la limpieza del cementerio de Alicante ha dejado la causa con un único imputado, al archivar las diligencias para otro técnico implicado, el exresponsable del área de Sanidad y Consumo del Ayuntamiento de Alicante, Diego Agulló, según confirmaron a este diario fuentes judiciales. La Fiscalía había solicitado una pena de siete años de inhabilitación por un delito de prevaricación tanto para Agulló como para el exjefe de Atención Urbana, Victor López. Sin embargo, el juez ha decretado el archivo para el primero al entender que su intervención en el expediente no fue decisiva en la adjudicación del servicio al empresario Enrique Ortiz. La decisión judicial no es firme y contra ella cabe recurso ante la Audiencia Provincial.

Los hechos se remontan al año 2010 cuando la empresa Multiservicios Tritón presentó una querella contra Victor López por el informe técnico que determinó que la limpieza y mantenimiento del cementerio de Alicante se adjudicara a Enrique Ortiz a pesar de que hubiera presentado la oferta más cara, 774.801 euros más IVA, frente a la oferta del denunciante que ascendía a 723.083 euros.

El fiscal Anticorrupción Felipe Briones consideraba que el informe de Victor López que determinó la adjudicación no aplicó los mismos criterios para las tres empresas, beneficiando a Ortiz; y que ocultó que dos de sus hijos trabajaban para el empresario. Asimismo, consideraba que el informe que realizó Diego Agulló para avalar las conclusiones del primero fue determinante en la resolución del concurso. Por ello reclamaba siete años de prisión para cada uno por un presunto delito de prevaricación.

Sin embargo, desde el juzgado se ha dictado un auto sobreseyendo la causa sólo para Agulló. Aunque el fiscal había presentado ya un escrito de acusación, el juez dice que «por un error involuntario» se le había emplazado para que acusara cuando aún no era el momento para hacerlo. El juez considera que el informe realizado por el segundo técnico «tenía como finalidad únicamente la de tener mayores elementos de cara a resolver un recurso que la concejal socialista Carmen Sánchez Brufal había interpuesto contra la adjudicación» y que fue encargado verbalmente por el entonces concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens que a su vez encargó otros dictámenes a otros dos técnicos más.

El juez concluye que el informe de Diego Agulló no se llegó a tener en cuenta para desestimar el recurso de la oposición, ya que éste estaba fechado un día después del día en que se celebró la junta local de gobierno en la que se adoptó la decisión. Asimismo, tampoco llegó a formar parte del expediente de adjudicación. El juez ya archivó hace un año la causa para un tercer técnico imputado.

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