El pleno de las Cortes Valencianas rechazó ayer, con los votos en contra del PSPV, Compromís y Podemos y la abstención de Ciudadanos, la enmienda de totalidad del PP al proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para 2016, que pedía su devolución al Consell. Los populares afirman que en estas cuentas no hay modelo, ideas ni proyecto claro, sino «fantasía y anuncios»; no crea empleo, no apuesta por la economía y recorta las políticas sociales; e «inventa» ingresos del Estado por 1.325 millones de euros, algo «ficticio, falso e imaginario», y un «fraude a los valencianos».
El PSPV indica que la única enmienda de totalidad que pueden aceptar es a los veinte años de «gestión corrupta» del PP y que este presupuesto es «un plan de choque» a una Comunidad convertida en «mal ejemplo», y ha defendido la inclusión de los 1.300 millones porque es una «reivindicación histórica» y un «derecho». El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, indicó al acabar el pleno que hay «un acuerdo básico de que estos presupuestos, en los que es irrenunciable la reivindicación de los ingresos que merece la Comunidad, están en el camino correcto para avanzar en la transformación de la sociedad valenciana».
Las primeras cuentas
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, presentó a las Cortes los primeros presupuestos del nuevo Consell, que ascienden a 17.155,8 millones de euros (un 0,2 % menos que en 2015) Soler indica que son las cuentas «del cambio hacia el realismo y la transparencia», en las que se opta por «el rescate de las personas». Ha defendido la inclusión en los presupuestos de una previsión de ingresos de 1.300 millones del Estado y calificó de «infumable» que se diga que son «ficticios», porque son 1.300 millones «reivindicativos de lo que es justo» y del cumplimiento de los criterios de solidaridad marcados en la Constitución y la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. Vicent Soler criticó los créditos finalistas «de auxilio» -el Fondo de Liquidez-, que han supuesto 1.468 millones de euros en intereses desde 2012, mientras que en los últimos cinco años el Estado se ha retrasado una media anual de 891 millones en liquidar el sistema de financiación, y ha reivindicado la «ambición de hacer muchas cosas» de estas cuentas.
