18 de noviembre de 2015
18.11.2015

El Consell pide al TC levantar la suspensión de la Ley de Sanidad

Desde la Comunidad dicen que se ha dejado sin cobertura de acceso al sistema de salud a 127.000 ciudadanos

19.11.2015 | 01:11

La Generalitat Valenciana ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional para pedir el levantamiento de la suspensión de la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, una solicitud que justifica en una "imperiosa necesidad", informa Europa Press. En el escrito, se alude a la posibilidad de que se produzca un aumento del número de infecciones e ingresos hospitalarios y riesgo de contagio de la población de determinadas enfermedades en el caso de mantenerse la suspensión de la norma que en su día impugnó el Gobierno central, y cita los ejemplos de casos en los que se ha atendido esta petición de levantamiento, como el País Vasco y Navarra.

El Consell pide el levantamiento anticipado de la suspensión y recuerda el carácter tasado de la suspensión del TC en recursos de inconstitucionalidad contra normas con fuerza de ley, por lo que toda suspensión de la eficacia de una norma debe "considerarse excepcional". En esta línea, agrega que para mantener esa suspensión se requiere, por un lado, una valoración sobre los intereses implicados "tanto el general y público, como el particular o privado de las personas afectadas", y por otro, "los perjuicios de imposible o difícil reparación que se irroguen por el mantenimiento o levantamiento de la suspensión". Así, subraya que al Gobierno central le corresponde aportar y razonar "con detalle" los argumentos para justificar el mantenimiento de un real decreto que, además, ya ha sido convalidado por las Cortes sin que hubiera oposición a ello.

El Consell señala que el real decreto de 2012, en su aplicación en la Comunidad, dejó sin cobertura de acceso al sistema de salud a 127.000 ciudadanos que antes disponían de tarjeta sanitaria, y apunta a que desde el pasado 22 de julio, cuando arrancó la nueva normativa autonómica, 5.408 ciudadanos han pedido su tramitación, de los que 2.413 ya tienen resolución favorable. La edad más frecuente es de 25 a 40 años y los países más frecuentes son Marruecos, Honduras, Ucrania, Rumanía, Bolivia y Colombia. Según el Consell, la eficacia y eficiencia de la acción asistencial, de promoción de la salud y de defensa de la salud pública del sistema valenciano de salud "se ha visto comprometida por la presencia de un importante colectivo no incluido de forma sistemática y reglada en los procedimientos generales habilitados para estos fines", por lo que considera que su no inclusión ha generado un "impacto negativo" en la salud de la población y en los mecanismos organizativos. Además, señala el riesgo de contagio para el resto de la población si se propagan enfermedades infectocontagiosas en un colectivo que queda desasistido por no poder costearse el acceso a la salud.

El pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite a principios de noviembre el recurso del Gobierno central contra la Ley valenciana que regula el acceso universal a la atención sanitaria a personas extranjeras en situación administrativa irregular, lo que supone la suspensión automática de la normativa recurrida. Según una resolución del TC, la admisión a trámite conlleva la "suspensión automática" de la norma porque en el recurso el Gobierno invocó la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, que establece que el Ejecutivo "podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las comunidades autónomas", una decisión que deberá ratificar o levantar en un plazo no superior a cinco meses.

El pasado 23 de octubre el Consejo de Ministros acordó solicitar al presidente del Gobierno la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto-Ley 3/2015 por el que se regula el acceso universal a la atención sanitaria en la Comunidad Valenciana, una de las medidas adoptadas por el Consell presidido por Ximo Puig, al considerar que la norma podía incurrir en una "extralimitación competencial". El Gobierno argumentaba que la norma valenciana "vulnera la competencia estatal para establecer el ámbito objetivo y subjetivo de la Sanidad e incurre en extralimitación competencial porque regula una materia que corresponde exclusivamente al Estado".

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