La presunta trama de corrupción en algunos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana suma ya tres alcaldes imputados, 11 exalcaldes, un exedil y un excargo del Gobierno valenciano, además de otros asesores, exsecretarios y socios fundadores de la Academia Valenciana de Juristas (AVJ), órgano sin ánimo de lucro que tenía relaciones económicas con consistorios investigados y otras sociedades y asociaciones, informa Europa Press.
Así se desprende de la documentación con la que cuenta el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia, que investiga desde finales de 2013 presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y contra la hacienda pública cometidos en algunos ayuntamientos de la Comunidad de diferente signo político. En concreto, según se desprende de la causa, que suma hasta 14 tomos, figuran en el procedimiento como imputados el alcalde de Vall de Laguar, Francisco Luis Gilabert (PP); el de Ador, Joan Faus (Gent d'Ador); y la alcaldesa de Benirredrà, María Dolores Cardona (PSPV).
Asimismo, se investiga a los exalcaldes de Godelleta, Cheste, Real de Gandia, San Antonio de Benagéber (actual concejal en la oposición), Benisanó, Adsubia, Vallada, Canet y Vallada. En concreto, sobre este último municipio, en el procedimiento figura como imputado el exalcalde y también expresidente de la Diputación de Valencia Fernando Giner, quien dirigió la localidad de Vallada desde junio de 1987 hasta mayo de 2011.
La lista se extiende además a un exconcejal de Alcoi; al ex director general de Cambio Climático de la Generalitat Jorge Lamparero; un abogado de la empresa General Valenciana del Agua S.A. (Egevasa); al ex secretario municipal del Ayuntamiento de Canet, José Antonio Sancho; al exinterventor del Consorcio de Museos, Rafael José Parra; y a socios fundadores de la AVJ, entre otros.
Este procedimiento parte de la denuncia interpuesta por el anterior alcalde del Ayuntamiento de la Pobla de Farnals contra su antecesora en el cargo Natividad García y el secretario municipal Sancho Sempere, lo que originó una primera investigación que concluyó con el procesamiento de ambos por presuntas irregularidades en contratos de asesoramiento o de informes jurídicos. Dicha investigación dio lugar a otra mucho más amplia cuando la Guardia Civil extendió esta presunta trama a "numerosos" ayuntamientos de la Comunidad, incluido el de Canet, donde también prestaba servicios como secretario Sancho y, pese a ello, presuntamente realizaba facturaciones "cuantiosas" sin justificación a asociaciones y sociedades controladas por él, según mantiene el fiscal. También se han detectado cantidades no declaradas a la Agencia Tributaria por parte de algunos de los denunciados.
En concreto, tal y como recoge el fiscal en diversos escritos remitidos al juzgado, en el procedimiento se investiga una serie de facturaciones por servicios jurídicos e informes realizados a ayuntamientos por asociaciones sin ánimo de lucro o por sociedades que no tenían ningún trabajador a su nombre entre los años 2009 y 2011. Según la ley, este tipo de sociedades y asociaciones no podían distribuir beneficios y, sin embargo, y siempre según el fiscal, han estado realizando "importantes" facturaciones a ayuntamientos de la Comunidad. Como ejemplo cita que la AVJ presenta como mayores salidas de dinero 227.137,11 euros y 165.000 euros respectivamente a dos empresas controladas por Sancho Sempere, así como a otra empresa de Parra.
Fernando Giner defendió en su declaración ante el juez la "legalidad" de su actuación en el Ayuntamiento de Vallada, entidad que contrató a una empresa de Parra para realizar trabajos contables y de secretaría. En su declaración del pasado mes de septiembre, Giner explicó que fue el equipo de Gobierno el que aprobó este contrato con la empresa de Parra, a quien dijo no conocer de nada con anterioridad al mismo. También señaló que nunca hubiese firmado ninguna resolución que no fuese legal, y que cuando lo hacía, "siempre" había una previa firma del secretario-interventor. Asimismo justificó esta contratación en que en la faceta contable, el secretario-interventor tenía alguna carencia y por ello era "necesario" contratar a una empresa externa para poder presentar las cuentas en tiempo y forma ante la Sindicatura. Respecto a los informes supuestamente realizados por la empresa de Parra, señaló que no los conocía antes de serle exhibidas las facturas de los mismos.
Giner también defendió que desconocía que esta empresa propiedad de Parra no podía contratar y no sabía que éste era funcionario público de Chiva en comisión de servicios. Si hubiese sabido este extremo, "nunca" hubiera autorizado ningún pago ni la contratación, reiteró ante el juez instructor. Asimismo, manifestó que durante los 24 años que fue alcalde "nunca" percibió sueldo alguno e, incluso, en los últimos años en los que ya era obligatorio cobrar cierta cantidad por acuerdo de los grupos políticos, donaba lo que percibía a Caritas o, en alguna ocasión esporádica, a su propio partido (PP). Por su parte, Lamparero se acogió a su derecho a no declarar en fase de instrucción.
