El Tribunal de Cuentas ha condenado al exconseller Rafael Blasco y otros cinco procesados en el fraude de las ayudas de Cooperación a reintegrar 1,6 millones a las arcas públicas de la Generalitat, más intereses, como responsables de malversación contable. Según consta en la sentencia de este procedimiento de reintegro promovido por la Abogacía de la Generalitat , se considera responsables directos y solidarios a Rafael Blasco, Alexandre Català, Marcial López, Marc Llinares, Tina Sanjuán y Augusto César Tauroni. Tres de ellos fueron -Catalá, Llinares y Sanjuán- eran colaboradores directos de Blasco en la conselleria; mientras que Marcial López era el responsable de Cyes, fundación también condenada -nada tiene que ver con la constructora- que se encargaba de canalizar la petición de las ayudas; y Tauroni era un empresario íntimo amigo de Rafael Blasco que ejercía de cerebro de la trama corrupta.
La Generalitat reclamaba inicialmente 1,9 millones de euros, si bien finalmente el Tribunal de Cuentas ha reducido esta cantidad. Igualmente, el tribunal ha aceptado el desistimiento planteado por la Abogacía de la Generalitat respecto de Josep Maria Felip, otro colaborador de Blasco que era alto cargo de la conselleria con el PP. En mayo de 2014, el exconseller de Solidaridad y Ciudadanía del Gobierno valenciano en época de Francisco Camps, Rafael Blasco, fue condenado a 8 años de prisión y 20 de inhabilitación por malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en la primera de las piezas a juicio de la trama de Cooperación.
Rafael Blasco fue juzgado junto a otros ocho procesados, todos ellos condenados, por el citado sumario de la red de Cooperación que se refería al supuesto desvío de fondos públicos de la Generalitat concedidos en 2008 para iniciativas en países en vías de desarrollo como Nicaragua. Existen otras dos piezas abiertas, todavía en fase de instrucción. El empresario Augusto César Tauroni, el único procesado que se encontraba en prisión -desde el 23 de febrero de 2012-, también fue condenado a ocho años de cárcel y 20 de inhabilitación por cooperador del delito de fraude en subvenciones, falsificación y malversación. El expresidente de la Fundación Cyes, Marcial López, fue condenado a 4 años y a una multa de 6 millones, como máximo responsable de una entidad supuestamente orientada a la cooperación que recibió 1,8 millones de subvenciones de fondos públicos para Nicaragua y únicamente entregó el 3% de esa cantidad.
La exsecretaria administrativa de la conselleria Tina Sanjuán fue condenada a siete años y medio de cárcel, y diecisiete años y medio de inhabilitación. El exjefe de la dirección general de cooperación Marc Llinares fue condenado a cuatro años y medio de cárcel, once años de inhabilitación y multa de 6.750 euros. El exsubsecretario de Cooperación Alejandro Catalá fue condenado a una pena de cuatro años y medio de cárcel, y siete de inhabilitación, y a pagar una multa de 6.750 euros, por prevaricación administrativa en concurso con falsedad documental. El exdirector general de Cooperación Josep Maria Felip fue el único ex alto cargo procesado que eludió una pena de prisión, y fue condenado a siete años de inhabilitación. El Tribunal de Cuentas es el único órgano que puede ordenar a altos cargos la devolución de fondos por una mala gestión pública.
