El grupo de Podemos presentó ayer en el registro de las Cortes la proposición de ley para la creación de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad, un organismo que el conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, propone instalar en la ciudad de Alicante. Y lo hizo, como reconoció su síndic, Antonio Montiel, sin pacto previo con el Consell PSPV-Compromís en general y con el mencionado Alcaraz, en particular. «El conseller tiene mucho trabajo y nosotros, también», se despachó Montiel para reivindicar su iniciativa, en la que plantea -en contra del criterio del Consell- que la Agencia se adscriba a las Cortes como el Síndic de Greuges o de Comptes, a fin de garantizar su libertad de actuación, y no al Ejecutivo. «Es imposible», aseveró Montiel en una comparecencia on la diputada Fabiola Meco, en referencia a la eventual incardinación al Consell del organismo.
La ley de Podemos prevé que el director sea elegido por mayoría cualificada de tres quintos en primera votación, mientras que, en segunda, bastará la mayoría absoluta. Se sacrifica así la independencia ya que el final dependerá de la mayoría de turno. Y ello, alegó el portavoz, para «evitar una minoría de bloqueo». Esto es, que la Agencia Antifraude no llegue ni a nacer al bloquear la elección del director el PP (cuya gestión en el Consell podrá investigar, según habilita una disposición adicional específica) y Ciudadanos (contrario a la creación de nuevos entes).
La iniciativa dota de grandes poderes a la Agencia que, de instalarse en Alicante, sería la segunda institución autonómica que tendría su sede en la provincia después de la Sindicatura de Greuges. Así, su ámbito de actuación será la Generalitat y el sector público, pero también las entidades locales, las universidades y las personas o empresas contratistas, concesionarias o receptoras de subvenciones. En concreto, le faculta para investigar «las actividades de personas físicas y entidades y empresas privadas» concesionarias de servicios, «al objeto de comprobar el destino y uso de dichas subvenciones», así como las de las firmas contratistas «con relación a la gestión contable, económica y financiera y a las otras obligaciones que se deriven del contrato o de la ley». En un principio y a la espera de que se le asigne fondos de cara a 2016, la oficina antifraude arrancaría con unos 400.000 euros de presupuesto y 12 empleados.
