La matanza yihadista de París va mucho más allá de un terrible ataque contra Francia. ¿Cómo la interpreta usted?

Estamos ante un salto cualitativo del terror; un antes y un después. Cuando apareció el Daesh [o Estado Islámico] ya vimos que estábamos ante un grupo diferente por tres razones: en primer lugar; no se limitan a ser una organización terrorista convencional, sino que usan el terror como arma esencial; en segundo lugar, cuentan con una preparación militar muy sofisticada, dirigida por los jefes militares del ejército de Sadam Husein y, finalmente, se sirven de las redes sociales como ninguna otra organización. Está muy claro que la masacre de París ha sido organizada desde el exterior. También llama la atención que hasta hace poco este grupo actuaba por medio de «lobos solitarios», pero ahora recurren a elementos suicidas y otros armados con elevada preparación militar. Y es igualmente destacable que su ámbito de actuación es universal. Hasta ahora, sus objetivos se centraban sobre todo en países musulmanes -Siria, Irak y Libia-, pero ahora han puesto en su punto de mira a los países occidentales y de un modo indiscriminado.

¿Y qué tipo de respuestas puede preparar Occidente frente a estos ataques indiscriminados?

Esta nueva amenaza nos obliga a una estrategia defensiva que abordaremos este lunes en el Consejo de Ministros de Bruselas y tratará el presidente Rajoy en el G-20 que se reúne en Turquía. Todos coincidimos en el diagnóstico y en que la estrategia defensiva debe ser coherente para acabar con los conflictos de origen en Libia, Siria e Irak. Es urgente, prioritario y capital acabar con el Daesh, cuya amenaza ya es planetaria.

¿Hasta qué punto la masacre de París supone una amenaza directa o inminente para España y otros países del entorno?

Nunca hemos dejado de estar preocupados y haciendo lo que teníamos que hacer a través de nuestros servicios de inteligencia, el CNI, y las Fuerzas de Seguridad, que han colaborado con nuestros aliados y hemos cosechado éxitos en esta lucha. Es obvio que nos enfrentamos a una amenaza global, en la que estamos incluidos. Como también es un hecho que el Gobierno está atento y vigilante para evitar que esta amenaza se materialice.

Ya en clave de política nacional, ¿qué salida le ve al laberinto de Cataluña tras el desafío secesionista?

Éste es el desafío más grave que España ha sufrido desde que se aprobó la Constitución de la concordia. Los separatistas han planteado un desafío que consiste en la desobediencia de las leyes, la ruptura de la unidad de España y la expropiación de la mayoría de los catalanes que quieren ser, a la vez, catalanes y españoles, de su derecho a ser españoles. Y ante un desafío de este tipo, la única respuesta que puede dar un gobierno es decir que la ley se aplica, puesto que estamos en un Estado de Derecho; que la unidad de España no se va a romper y que no vamos a abandonar a su suerte a los catalanes que en este momento están sufriendo una enorme angustia.

¿Qué consecuencias inmediatas puede tener para Cataluña la actual deriva separatista?

Para Cataluña esto es una catástrofe. No se va a producir el supuesto de la secesión porque no lo permite la Constitución española, lo cual quiere decir que tampoco lo permite el ordenamiento internacional. Prometen una Cataluña idílica que no existe. Esa Cataluña no estaría reconocida por Naciones Unidas -me remito a la declaración de Ban Ki-moon- y estaría fuera de la Unión Europea. Eso quiere decir, en términos prácticos, que no tendría acceso ni al Fondo Monetario Internacional, ni a las inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. Hoy mismo [por el pasado viernes] se ha declarado que el bono emitido por las autoridades catalanas es «bono-basura»; no hay mercado y no hay mecanismos de rescate: ni en el ámbito del sistema de Naciones Unidas -fondo-, ni en el de la Unión Europea. Todo lo cual quiere decir que es la quiebra absoluta, es decir, que la situación sería peor que en Grecia. Y la quiebra no es un concepto macroeconómico; quiere decir que no se pueden pagar los sueldos de los funcionarios, las pensiones, mantener los servicios sociales y el Estado del bienestar del que han disfrutado los catalanes hasta ahora. El Gobierno va a tener absoluta firmeza en su respuesta.

¿Cómo valora el papel político e institucional desempeñado en este contencioso por Artur Mas?

Artur Mas está en una huida hacia adelante que cada vez tiene más el aspecto de una salvación personal que de una operación política colectiva. Lo que está ofreciendo es ser un presidente «pro tempore» con fecha de caducidad y con poderes muy limitados, es decir, que Mas es una especie de Kérenski en Cataluña y así pasará a la historia. Es decir, que lo único que va a hacer es facilitar el acceso de la extrema izquierda a las instituciones. En el Ayuntamiento de Barcelona ya está Ada Colau y en estos momentos está ofreciendo dos vicepresidencias: una a Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana de Catalunya, y otra a Romeva, que es un ecosocialista tradicional. Y todo eso condicionado, vigilado y tutelado por la CUP, que es un partido antisistema. Podemos decir que el Gobierno de Tsipras en Grecia es un modelo de estabilidad comparado con lo que quiere hacer Mas en Cataluña.

El PSOE teme que la crisis catalana puede beneficiar electoralmente a Rajoy y su partido. ¿Lo comparte?

Lo que no es admisible es que en una situación tan grave como ésta entremos en cálculos electoralistas. Nosotros haremos lo que tengamos que hacer; y no se nos ocurriría plantear si hacer eso nos supone un rédito o un perjuicio electoral. Cuando están en juego la unidad del país, los derechos y libertades de los ciudadanos -especialmente de los catalanes- y la solidaridad interna, el cálculo electoral no vale. En este momento, cualquier disensión entre nosotros es de una extraordinaria gravedad y espero que eso no se les ocurra.

¿Es innegociable un referéndum legal para decidir el futuro de Cataluña?

Absolutamente innegociable. Si lo que pretenden es un referéndum legal en el que se incluya el derecho a la autodeterminación, que es de lo que estamos hablando, eso exigiría la modificación de la Constitución por los procedimientos establecidos en la propia Carta Magna: artículo 168 y siguientes. Eso es exactamente lo que hizo Ibarretxe cuando presentó su plan, en el que se incluía el derecho a la autodeterminación, para que el Congreso pusiese en marcha una modificación de la Constitución. No hay negociación posible; hay que modificar el marco. De modo que no es negociable un referéndum de secesión. Si lo que se pretende es introducir esa figura en nuestro ordenamiento jurídico, hay que modificar la Constitución por las normas y principios establecidos en la propia Carta Magna. Lo que en democracia plena aprobamos todos, en democracia plena se tendría que decidir y la soberanía pertenece al pueblo español en su conjunto y no a una parte del pueblo español.

El presidente del Constitucional ha dicho que no le corresponde a ellos identificar soluciones políticas. ¿El PP hará algún día política en Cataluña, al margen de presentar impugnaciones al alto Tribunal?

Nunca hemos dejado de hacer política en Cataluña. Ésta es la comunidad autónoma con la deuda pública más abultada en España y no ha podido pagar a sus proveedores, ni a sus farmacias. Además de cumplir con sus funciones, el Gobierno ha invertido en el fondo de liquidez automática para atender los vencimientos de la deuda; ha dado dinero para ir pagando a los proveedores porque no se puede castigar a los farmacéuticos y ha dado muchísimas ayudas para salvar a las entidades financieras catalanas. Eso es hacer política en Cataluña y no creo que a nadie se le ocurra decir que está ahora en una situación de abandono por parte del Gobierno.

Hay vida más allá de Cataluña... ¿Cómo se gestó su designación como cabeza de cartel por la provincia de Alicante. No me negará que fue una sorpresa...

Yo me iba a venir a Alicante de una u otra manera. Es verdad que creía que me iba a venir a mi casa de Jávea en calidad de honrado jubilado, pero el presidente del Gobierno me dijo que era conveniente que fuera al Congreso porque la situación de España no es sencilla. Le dije que muy bien, siempre y cuando el PP de la Comunidad Valenciana estuviese de acuerdo. Y el PP de la Comunidad decidió que yo concurriese por las provincias de Alicante o Valencia. Y a mí esta provincia me parece espléndida. Los nueve primeros veranos de mi vida los pasé en Benidorm, cuarenta años veraneando en Jávea, soy doctor por la Universidad Miguel Hernández y mi futuro, sea cual sea mi condición laboral, está en Jávea, que es donde tengo una casa en mitad del pueblo, para vivir, llena de libros y de invierno, no una casa de turista. Y, sobre todo, lo que existe es la ilusión de poder servir a los alicantinos.

¿Y cómo le persuadió Rajoy?

Se lo voy a contar, no tengo nada que ocultar. El día en que se anuncia mi candidatura, que se reunía en Alicante el comité, había consejo de ministros y el presidente del Gobierno no me dijo nada en ese momento. Me llamó por teléfono media hora después y me preguntó si tenía interés en ir al Congreso. Le respondí que haría lo que él quisiera con el matiz de que, en su caso, debía ir por una provincia de la Comunidad Valenciana, a la que he representado durante 17 años en Europa y no tenía sentido ir por otro lugar. Al rato me llamó Pepe Císcar para decirme que el comité me había propuesto para Alicante. Ni he pedido ir, ni he enredado nada para venir. No tiene sentido que yo ahora me aprenda la economía y las circunstancias políticas de cualquier otra provincia de otra comunidad.

Cabe suponer que va a convertir los recientes datos de la economía española en una «idea fuerza» de su campaña...

Los datos dicen hoy que la economía española ha crecido tres veces más que la media de la Unión Europea, lo cual quiere decir que hemos crecido porque se habían hecho las reformas necesarias, no porque nos haya tocado la lotería. El viento ha soplado para todos: en tipos de interés, en precios de petróleo, en crecimiento de emergentes, en tipo del euro... Unos lo han aprovechado y otros no. Nosotros hemos sido los que mejor lo hemos aprovechado. Imagínese si no hubiésemos sido capaces de sacar a flote el barco; si hubiésemos tenido que pedir el rescate y compare las pensiones, los sueldos, el nivel de servicios sociales de países rescatados con el nuestro. Lo más importante no es que estemos saliendo de la crisis, sino que hemos sentado los cimientos para un crecimiento sostenible y duradero. La economía española siempre ha tenido dos cuellos de botella tremendos: el déficit exterior y el de las cuentas públicas. Los dos se han saneado. Ahora podemos construir un futuro sin temer que los cimientos sean de arena. Y eso favorece especialmente a la Comunidad Valenciana y a Alicante.

Y además de la economía, con qué otros argumentos piensa convencer a los alicantinos para que le voten?

Es una campaña de elecciones generales y los grandes temas también lo son; es decir, la unidad de España, la igualdad entre los españoles y la solidaridad entre los territorios del país. Y tenemos luego una gran promesa que es la «20-20»: veinte millones millones de trabajadores en el año 2020. Esto es capital; y no sólo porque da trabajo a la gente que lo busca y no lo encuentra, sino porque es una garantía para el Estado del bienestar. No voy a descubrir el Mediterráneo si digo que en Alicante los grandes temas son el agua, la financiación y las infraestructuras.

¿Tiene alguna receta para impulsar un nuevo modelo económico en esta provincia tan castigada por el declive de la industria y la burbuja inmobiliaria?

Es necesario ayudar a recuperar el tono a un modelo productivo que ha perdido mucho músculo, sobre todo en el sector industrial porque el turismo va muy bien. Y como responsable del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Secretaría de Estado para la Unión Europea toda nuestra política estos cuatro años en Bruselas se ha centrado en acabar con aquellos factores que discriminaban a las empresas españolas y singularmente a las alicantinas. Nuestras empresas pagaban unos tipos de interés tres veces más altos que sus competidores y unos costes energéticos también más elevados. Además, soportaban unos costes logísticos y de transporte igualmente superiores. Para resolver el primer conflicto hicimos la unión bancaria, de la que yo fui ponente. Se creó un mercado financiero integrado que da equilibrio al tipo de interés y abarata el precio. En cuanto a la energía, España podría actualmente suplir el cincuenta por ciento del gas que llega de Rusia y otros mercados con los dos gaseoductos que tiene con Argelia, sus siete estaciones de regasificación y su capacidad de energía eléctrica.

¿Y cómo se puede paliar el déficit crónico de infraestructuras en esta provincia?

Admito que falta mucho por hacer, pero España está en este capítulo entre los diez países más importantes del mundo. El AVE ha llegado a Alicante y cuando lo haga a Castellón seremos la segunda Comunidad, tras Cataluña, que tenga conectadas todas sus capitales con alta velocidad. Tenemos el corredor Mediterráneo, que también es fundamental, y que cuando llegamos al Gobierno eso estaba en un pin, no existía. Y también veo con especial ilusión la zona franca del Puerto de Alicante. Con los cambios geopolíticos, que es de lo que yo entiendo, la apertura del Canal de Suez determina el tráfico que viene de Asia y es muy importante que entre por la fachada mediterránea y, si podemos, por Alicante, mejor. En el norte de África vamos a invertir mucho para favorecer a los países de origen y tránsito. Por eso una de las «niñas de mis ojos» ha sido la Casa del Mediterráneo, que la he ido sacando con dificultades, pero que puede ser muy útil porque nuestras relaciones con Marruecos, Túnez, Argelia, Libia y Egipto son fantásticas.