El pleno del Consell ha aprobado el convenio tipo entre la Generalitat y los centros educativos privados concertados y los de titularidad pública diferente de la Generalitat para la gestión y pago de las ayudas para el comedor escolar, según Europa Press.

El objetivo es establecer la vía de colaboración entre la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y los centros para la tramitación y el pago de las ayudas de comedor que se convocan anualmente para estos centros. Esta colaboración se realizará mediante la suscripción del correspondiente convenio tipo entre las partes, según ha informado la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, tras el pleno del Gobierno valenciano.

Las bases reguladoras de las ayudas de comedor están recogidas en la orden 46/2010, de 28 de mayo, que establece que la tramitación y el pago se hará a través del centro educativo donde el alumno esté matriculado. Los centros educativos firmantes, como entidades colaboradoras, están obligados a cumplir el artículo 15 de la Ley General de Subvenciones mediante la cual deberán asumir el coste que corresponda al servicio de comedor del alumnado beneficiario sin que pueda exigir el pago de la ayuda previamente al adeudo por parte de la Conselleria de Educación.

Asimismo, los centros recogerán y comprobarán que las solicitudes se presentan dentro del plazo establecido en la convocatoria y remitirán toda la documentación a la Administración en los plazos establecidos. También justificarán ante la dirección territorial que se han cumplido las obligaciones por parte de los beneficiarios. Por su parte, la conselleria efectuará el pago de las ayudas y entregará en el centro educativo los fondos correspondientes una vez el centro haya presentado ante la Dirección General de Centros y Personal Docente la documentación que justifica que los beneficiarios de las ayudas cumplen los requisitos establecidos en la convocatoria.

Los convenios no comportan gasto para la Generalitat, más allá de lo presupuestado para las propias ayudas en la correspondiente convocatoria. Estarán vigentes desde su firma hasta el 31 de julio de 2019 y podrán ser prorrogados por un periodo máximo de dos años mediante acuerdo de las partes.