La Fiscalía Anticorrupción de Valencia ha archivado las diligencias al no ver delito penal en la adjudicación de plazas de residencias que hizo el expresidente de las Cortes Juan Cotino durante su etapa de conseller de Bienestar Social a empresas de su familia. El Ministerio Público estuvo investigando estas adjudicaciones alrededor de un año y decidió archivarlas el pasado mes de junio al no ver delito penal, según confirmaron fuentes conocedoras del procedimiento.
El caso parte de una denuncia interpuesta por EU en julio de 2004 contra Juan Cotino ante un posible delito de tráfico de influencias cuando adjudicó, en su etapa de conseller de Bienestar Social, plazas de residencias por valor de 15 millones de euros a las empresas Savia-Gerocentros, vinculadas a su familia. Para ello, la diputada alicantina de EU Esther López Barceló entregó a Fiscalía todos los expedientes de las adjudicaciones de estas plazas residenciales en mayo 2009 que se realizaron cuando Cotino estaba al frente de Bienestar Social, si bien la publicación fue ya en su etapa de conseller de Medio Ambiente.
Así mismo, entregó una serie de transcripciones de escuchas enmarcadas en la pieza del Plan Rabasa entre el sobrino del expresidente de las Cortes, el empresario Enrique Ortiz y el consejero delegado de Centros Residenciales Savia, Arturo Alario, en las que «se habla de que al parecer Cotino tiene intención de llenarles las residencias», según denunció EU en su momento. Del mismo modo, adjuntó otras escuchas en marzo de 2009 de las que se desprendía la posibilidad de que conseller «cambiara la normativa» para que aumentara la concertación al 100% de las plazas residenciales de las que «ya tenían el 40 por ciento los centros residenciales vinculadas a la familia Cotino».
