La vara de medir que el Consell utiliza para reclamar, con toda justicia, más financiación e inversiones a Madrid en función de su volumen de población no la aplica, sin embargo, a la hora de realizar un reparto justo y equilibrado de sus fondos en las tres provincias de la Comunidad. Los presupuestos de 2016, los primeros elaborados por el nuevo Ejecutivo de izquierdas de cohabitación entre los socialistas y Compromís, mantiene la senda de marginación de Alicante que se inició con los gobiernos del PP desde hace ocho años en la distribución de la inversión territorializada, cantidades económicas finalistas que ya tienen marcada una provincia como destino. Desde 2008, cuando la crisis económica arrancó con toda su virulencia y entonces con Francisco Camps al mando del Consell, las comarcas de Alicante han dejado de recibir de la Generalitat, conforme a los datos de un informe del «lobby» Ineca, nada menos que 258,6 millones de euros en inversiones, unos 43.000 millones de las antiguas pesetas. Eso supone un agravio de 28,6 millones de euros al año. La cifra global equivale a unos 20 planes de obras y servicios de la Diputación y a unos 1.000 proyectos de ese importante programa de cooperación municipal.
De acuerdo a los datos del estudio de Ineca, elaborado por Joaquín Melgarejo y Francisco Llopis, el primer presupuesto del nuevo Consell de izquierda -cierto es que con sólo cuatro meses de gestión y condicionado por la falta de financiación- consolida el trato que el PP concedió a la provincia de Alicante desde que arrancó la crisis. La partida de inversiones territorializadas -la única que se puede asignar a una provincia en tanto que el resto se puede prometer como se quiera en función de los intereses del Consell de turno- concede a Alicante fondos por importe de 45,9 millones, tres menos que en 2015 y casi cinco veces menos que en 2008, tal y como se puede apreciar en el cuadro del informe elaborado por el «lobby» Ineca.
Cada alicantino recibirá en 2016, siempre que la Generalitat cumpla con sus promesas, 24,5 euros de inversiones, tres euros menos que la media de la Comunidad y la friolera de 39,7 euros menos que los habitantes de Castellón, que percibirán nada menos que 64 euros por habitante. Esta situación se repite de forma ininterrumpida, al menos, desde el ejercicio de 2008. Los datos son aún más sangrantes si atendemos a la evolución de la cantidad que la provincia ha dejado de recibir en inversiones desde entonces. Ningún año se le han consignado fondos por encima de la media con lo que se ha generado una «deuda histórica» que ha crecido poco a poco, como se puede apreciar en el cuadro anexo, hasta llegar a 258 millones. Ese boquete entre la provincia y la Comunidad se ha multiplicado por cinco en ocho años.
Una infrafinanciación inversora que todavía se agrava más si se tiene en cuenta que la provincia ha perdido fuelle económico durante la crisis. La renta per cápita alicantina ha caído en casi 2.400 euros durante la crisis, conforme a los últimos datos disponibles. Y no sólo eso: está a nada menos que 2.285 euros de la media autonómica. Un agujero considerable. «Esta situación es especialmente grave al comprobar que la renta per cápita de la provincia sigue siendo la menor de las tres circunscripciones y estas acciones concretas de política económica ayudarían a incrementar la riqueza de Alicante», apunta el «lobby».
«Estamos ante otra oportunidad perdida para la provincia de Alicante», se quejó el presidente de Ineca, Perfecto Palacio. El dirigente empresarial considera que la provincia «no puede recibir menos inversiones» que Castellón y Valencia. «Que cada alicantino reciba en inversión tres euros menos que la media de la Comunidad es injusto y desequilibrado. Los ciudadanos merecen una financiación acorde con la trascendencia de la provincia», concluyó Perfecto Palacio.
